El abogado de Fernández reconoce que no hay dinero para su fianza
El consejero de Justicia también considera la cantidad "desproporcionada"
"No hay noticia; la única noticia es que no se ha podido reunir la fianza". Estas palabras del abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa los intereses de Antonio Fernández García, hace presumir una demora importante en la excarcelación del ex consejero de Empleo y ex presidente del Consejo del Vino de Jerez. El letrado se reiteró en que la cantidad escapaba a las "posibilidades económicas" de Fernández mientras que, en el entorno del jerezano, se daba ayer por segura la presentación de una petición de rebaja en la cantidad ante la Audiencia de Sevilla. De igual manera, amigos de Fernández abrirán hoy martes una cuenta solidaria para conseguir reunir el dinero suficiente para cubrir la fianza.
Mientras esto ocurre, el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, mostraba ayer "personalmente" su alegría por la decisión de la Audiencia de decretar la libertad bajo fianza para el exconsejero por el caso de los ERE fraudulentos, aunque dejó claro que los 450.000 euros fijados son una cantidad "exagerada y desproporcionada". En una entrevista con Efe, De Llera aseguró que se había alegrado "incluso personalmente" de la decisión de la Audiencia, porque coincide con lo que él mismo había defendido desde el principio, esto es, que la juez Mercedes Alaya "no había fundamentado el argumento de peligro de fuga o de destrucción de pruebas".
La juez instructora del caso de los ERE "simplemente dijo de forma breve que, a su juicio, Fernández podría fugarse porque la pena que podía corresponderle es alta y que podría destruir pruebas porque se sabe poco del proceso". Según el consejero de Justicia y antiguo fiscal coordinador de la Audiencia de Sevilla, "eso no deja de ser una intuición, un olfato profesional o todo lo que usted quiera, pero el olfato policial no puede ser base para condenar a nadie o acordar una prisión preventiva". "En este caso, no concurrían las circunstancias que exige la ley" y "no podemos empezar a meter en la cárcel a todo el que lo pida la alarma social".
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