Tragsa hará otro estudio de usos para replantear la reserva de las Aletas

Borrón y cuenta nueva, pero esta vez con una tramitación "segura y eficaz". El Consorcio Aletas acordó ayer reiniciar el proceso administrativo para realizar una nueva reserva del suelo de las Aletas afectado por el Dominio Público Marítimo Terrestre. La primera acción será la elaboración de un estudio de usos y exclusividad de esta zona perteneciente a la Dirección General de Costas considerando esta vez las exigencias y deficiencias que el Tribunal Supremo advirtió en la sentencia que invalidó el proceso de reserva aprobado hace tres años, el pilar legal que permite disponer de este terreno para construir el parque empresarial, es decir, la base sobre la que se ha diseñado y ejecutado hasta ahora este proyecto en Puerto Real.

La encargada de esta tarea será Tragsa, una empresa pública adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y participada por varias comunidades autónomas, entre ellas la Junta de Andalucía. La presidenta del Consorcio, la subsecretaria de Estado de Economía y Hacienda Juana Lázaro, argumentó que la elección de esta sociedad se debe principalmente a dos motivos: primero a que Tragsa tiene "mucha experiencia en el ámbito medioambiental" y, en segundo lugar, a que, al tratarse de una compañía pública, la Ley de Contratos del Estado permite una adjudicación directa y sin necesidad de convocar un concurso que podría dilatar el trabajo. De esta forma, el "procedimiento administrativo será más ágil", explicó Lázaro, que aseguró que también se barajaron otras empresas pero se decidió que ésta era la idónea para la encomienda.

La función de Tragsa será diseñar un plan de usos más detallado y justificado que el primero, ya que éstas fueron las principales carencias que el TS objetó en su dictamen de junio de 2009, en el que estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la organización Ecologistas en Acción en colaboración con WWF. El Consorcio se ha fijado el próximo 21 de mayo como fecha para que la empresa "aporte un cronograma de actuaciones para tener claro todos los plazos para poder decidir el inicio de la reserva".

La presidenta insistió en manifestar "una vez más" que el Consorcio hará "todo lo posible para que este proyecto siga adelante" y remarcó que se planteará "de forma segura y eficaz" cumpliendo "escrupulosamente" las condiciones marcadas por el Supremo y recogidas por la Abogacía del Estado en su informe positivo sobre la viabilidad legal de las Aletas.

Sobre la posibilidad de continuar las obras en la zona patrimonial de la Junta, no afectada directamente por la sentencia, Lázaro apuntó que esperarán a conocer esta distribución de usos antes de tomar una decisión al respecto.

Otra novedad aprobada ayer, ésta de carácter organizativo, fue el nombramiento del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, como vicepresidente en sustitución del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, para quien Juana Lázaro tuvo palabras de agradecimiento y reconoció que ejerció esta responsabilidad en un "momento conflictivo". Se trata del tercer político gaditano del Consejo de Gobierno de la Junta que ocupa este cargo, ostentado en primer lugar por el actual senador Luis García Garrido; y es así porque este puesto -el primero en jerarquía por parte de la Junta, que tiene el 45% de la sociedad Aletas- siempre trata de reservarse para un alto responsable de origen gaditano. Pizarro trasladó un "mensaje claro" de que el proyecto continúa adelante y valoró la "perseverancia" de la presidenta "a pesar de las complejidades y dificultades" del proyecto.

Junto al alcalaíno, también se incorporó el nuevo viceconsejero de Economía, Luis Nieto; mientras, en el consejo de administración de la sociedad han entrado la delegada de Medio Ambiente, Silvia López, que releva a su antecesora Gema Araujo, y el delegado de Empleo, Juan Bouza, que asume el puesto dejado por el subdirector de la EPSA, Jorge Cara.