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Marín y Moresco (PP) también incurrieron en transfuguismo

La comisión de expertos concluye que los alcaldes de El Puerto y Chiclana se beneficiaron y el pacto impone expediente, expulsión y retirada de las listas del partido

Francisco González Cabaña y Antonio Hernando.
Juan José Marqués/ Cádiz

30 de julio 2008 - 01:00

Los alcaldes de El Puerto y de Chiclana, Enrique Moresco y Ernesto Marín, respectivamente, ambos del PP, deben ser expedientados disciplinariamente, expulsados y retirados para siempre de las listas electorales de su partido, en cumplimiento del Pacto nacional antitransfuguismo suscrito por todas las fuerzas políticas parlamentarias, incluido el Partido Popular. Esto es lo que se desprende de los dictámenes de la Comisión de expertos independientes de la Mesa Antitransfuguismo nacional sobre ambos casos. Los dos concluyen que los regidores municipales incurrieron en transfuguismo porque se beneficiaron de él: Marín, obteniendo la mayoría suficiente para gobernar en lugar de la lista más votada, la del PSOE. Moresco, logrando la mayoría absoluta gracias al voto del ex independiente portuense Gago. Antonio Hernando, secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, informó ayer en Cádiz al respecto, junto a Francisco González Cabaña, secretario general de los socialistas gaditanos y de Francisco Menacho, homólogo de Hernando en la provincia. Hernando y Cabaña exigieron al PP que cumpla con lo pactado.

En el dictamen del caso de El Puerto se concluye textualmente "que el señor Gago incurrió en transfuguismo, que el alcalde, señor Moresco, se benefició de dicho transfuguismo y que no se deduce de ellos la connivencia de los restantes concejales de la mayoría gobernante". El ponente es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y ex diputado del PP. No consta ninguna enmienda.

En el caso de Chiclana se afirma, también textualmente, que "la situación de transfugismo debe igualmente referirse al alcalde electo por el Partido Popular, debido a que su elección es una consecuencia directa e inmediata del comportamiento de los concejales de IULV-CA [votaron a favor de su investidura tras rechazar el pacto andaluz con el PSOE], tal como prescribe con toda claridad el tan citado Código de conducta contra el transfuguismo".

Este código define tránsfuga como "el representante local que, traicionando a sus compañeros de lista -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales- y apartándose individualmente del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local".

Así, la Comisión de expertos independientes entiende que Gago es tránsfuga, no por abandonar la disciplina de su formación política (Independientes Portuenses), sino por "integrarse éste en el equipo de Gobierno [del PP], contribuyendo decisivamente a mantener, al hacerla absoluta, la mayoría gobernante". Pero también, "por atribuir [el equipo de Gobierno encabezado por Moresco] por vía de remuneración unos ingresos muy superiores a los que como concejal no adscrito debiera recibir el señor Gago".

Los tres concejales de IU en el Ayuntamiento de Chiclana, por su parte, son tránsfugas por haber "otorgado su voto al candidato del Partido Popular en la investidura como alcalde, en contra del Acuerdo Marco suscrito por el PSOE de Andalucía e IULV-CA, con fecha 15 de junio de 2007", el día anterior a la constitución del Ayuntamiento chiclanero.

Este último dictamen contiene una enmienda parcial de Manuel Horrillo Rico, que opina que Ernesto Marín no incurrió en tranfuguismo porque, tanto él como sus compañeros de formación política y concejales electos desconocían el voto en contra de los tres concejales de IU al pacto con el PSOE, que no fue comunicado a la Secretaría Municipal hasta el 18 de junio.

En su punto cuarto, la Adenda II del Código de conducta política contra el tranfuguismo en las Corporaciones locales, suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, también el PP, contempla "la obligación de, mediante la aplicación de sus propios estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas". La comisión exime a los ediles de los equipos de gobierno de ambos ayuntamientos.

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