El cuerpo de Juan Manuel Marchante llegará a La Isla en los próximos días

Casi veinte días después de los hechos ocurridos a bordo del Txori Gorri, los restos del isleño Juan Manuel Marchante llegaron ayer al mediodía a Madrid, donde permanecerán hasta orden expresa del juzgado en el Instituto Anatómico Forense, en espera de que se complete la autopsia.

Se cree que el traslado a San Fernando se producirá en algún momento entre esta noche y el próximo fin de semana. Al día siguiente de su llegada, la Iglesia Mayor isleña acogerá una misa en recuerdo del vigilante, fallecido en aguas del Índico. La asociación Marea Negra ya ha contactado tanto con el Ayuntamiento de Cádiz como con el de San Fernando para coordinar algún acto de homenaje en memoria del ex militar.

Juan Manuel Marchante, jefe del equipo de seguridad en el atunero Txori Gorri, falleció el pasado 8 de abril a mano de uno de sus subordinados, Juan José Vera.

Según versiones cercanas a la tripulación, Vera había secuestrado previamente las armas del atunero, disparando a su superior desde la cubierta del puente. Después bajó y volvió a dispararle. Cuando el tercer miembro del equipo intentó tranquilizarle, "se sentó en cubierta y se pegó un tiro".

Un desenlace trágico que pudo haberse evitado si, como aseguran distintas fuentes, la empresa Segur Ibérica (que gestiona la seguridad de los atuneros españoles en el Índico) hubiera tomado en consideración los informes de Marchante, que llegó a comunicar en varios partes sus dudas acerca de la estabilidad mental de su compañero.

A ello se suma la dejadez en las medidas de selección de personal que vivió la empresa de seguridad, indicaron varios testigos, durante el pasado mes de diciembre, cuando se llegó a contratar a personal que ni siquiera había pasado un test psicotécnico (Juan José Vera entre ellos).

La repatriación desde las islas Seychelles del isleño Juan Manuel Marchante ha llevado más tiempo del habitual, entre otros motivos, por las peculiaridades que supone contar con una investigación policial abierta. Un proceso que, como manifestó en su momento la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, resulta "bastante estricto y complejo" en sus protocolos.