La ordenanza que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando se aprobará este viernes en Pleno

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) será uno de los temas que protagonizará la recta final del año en San Fernando. La aprobación definitiva de la ordenanza que regulará su puesta en marcha –prevista para 2026– irá al último pleno ordinario, que la Corporación Municipal celebrará este viernes 26.

La normativa municipal se tramita tras la aprobación del proyecto de ZBE, que prácticamente se ha trabajado en paralelo a la ordenanza y cuyo contenido viene a coincidir casi en su totalidad.

La ZBE, cuya puesta en marcha es de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, supone en la práctica la aplicación de una serie de restricciones al trá­fico rodado en el perímetro del casco urbano que afectan especialmente a los vehículos más anti­guos en circulación con el objeto de reducir las emisiones.

Ese perímetro, en el caso de San Fernando, abarca prácticamente todo el centro e incluye un área de 44,7 hectáreas. En La Isla, las medidas afectarán a prácticamente la mitad del parque móvil –un 48,01%– al tratarse de vehículos “con tecnologías obsoletas desde el punto de vista ambiental”,

Concretamente, las limitaciones planteadas –que se concretan en la ordenanza municipal que se está tramitando– incumben especialmente a los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental, según las categorías definidas por la Dirección General de Tráfico.

La Etiqueta B –que abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006– supone en San Fernando el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Y los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según el proyecto de ZBE.

En una primera fase de implantación de la ZBE –durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día –desde las 8.00 hasta las 20.00 horas– se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Claro que también habrá excepciones en la ZBE. Independientemente del horario y del distintivo, podrán acceder a la ZBE determinados vehículos “previa autorización o acreditación específica”, tales como residentes empadronados en la zona, vehículos autorizados por el Ayuntamiento, bicicletas y VMP, servicios de emergencia, transporte sanitario, taxis/VTC, transporte hotelero y carga y descarga, conforme al régimen de horarios y autorizaciones municipales.

La oposición en bloque ha mostrado su rechazo al proyecto y a la ordenanza que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tanto PP, como VOX y AxSí han pedido su retirada durante el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.

Los populares, en este sentido, han solicitado la suspensión del proceso de aprobación de la ZBE al considerar que el modelo planteado por el gobierno socialista de Patricia Cavada "perjudica de manera innecesaria a la ciudadanía y al comercio local, pese a que la normativa no obliga a imponer restricciones tan drásticas ni a diseñarlas sin participación real". La formación ha asegurado que la ordenanza perjudicará a los comerciantes y hosteleros, así como a un buen número de isleños a la hora de desplazarse con su vehículo por la ciudad.

La crítica coincide en sus principales argumentos con la postura que ha mantenido VOX, que señalado también a la ausencia de un estudio de impacto económico, social y ambiental tal y como exigen la legislación vigente y la jurisprudencia reciente, lo que ha llevado a anular ordenanzas similares por falta de motivación y proporcionalidad, algo que podría pasar en La Isla.

AxSí, por otro lado, ha advertido de la ausencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo que ha tumbado la ZBE en otros municipios. Los andalucistas señalan también a la exclusión de numerosos ciudadanos cuyos vehículos no cumplen con los estándares ecológicos actuales pero que no pueden afrontar la compra de un nuevo coche, lo que discrimina a buena parte de la población por no disponer de ingresos.