Los Galán niegan los arrestos y embargos por blanqueo de dinero

El abogado de la familia Galán desmintió ayer categóricamente la información difundida a finales de la semana pasada acerca de la detención del extorero Juan Pedro Galán, su padre y otras seis personas en el curso de una operación desarrollada por efectivos de la lucha contra el blanqueo de capitales de la Guardia Civil.

Según la versión ofrecida ayer por el letrado Juan Pedro Cosano, que contradice la información publicada por la agencia EFE y confirmada por fuentes de la Benemérita, ningún miembro del conocido como 'clan de los Galán' ha sido arrestado ni puesto a disposición judicial en relación a un supuesto delito de blanqueo de dinero, como tampoco han sufrido embargos de bienes y cuentas por valor de 50 millones de euros como se aseguró, dijo el abogado, quien se hizo eco del "enorme cabreo" que tiene la familia Galán por este asunto.

El defensor relató que el pasado 20 de noviembre se personó junto al extorero, su hermana Rocío y su esposa en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que había requerido telefónicamente la presencia de sus defendidos, que se negaron a prestar declaración.

A juicio de Cosano, tras el revés judicial de la 'Operación Toscana' , dirigida en 2010 contra el clan de los Galán por un supuesto delito de prostitución con malos tratos, amenazas y coacciones que "desmontaron" las pruebas practicadas, "la Guardia Civil ha abierto una pieza para investigar el patrimonio de la familia, sobre el que el año pasado presentaron en Hacienda declaraciones complementarias". "Es una ramificación de 'Toscana' -prosiguió Cosano-, pues tras desmontarse en los juzgados el tema de los malos tratos y coacciones empezaron con el patrimonio de la familia, y están moviendo papeles pero no hay nada".

"En comandancia preguntaron si iban a declarar -los tres miembros de los Galán a los que acompañó el abogado- y tras negarse, les informaron que en caso de que la jueza lo estime oportuno recibirán la citación correspondiente", indicó Cosano, quien aseguró que apenas permanecieron cinco minutos en las dependencias de la Benemérita, donde recuerda que coincidieron además con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de visita a las instalaciones.

Los Galán, que en febrero de este año solicitaron el sobreseimiento de la causa, anunciaron a través de su abogado que pondrán en conocimiento de la titular del juzgado número 1 de Chiclana la actuación de la Guardia Civil, que calificó de "filtración malintencionada que puede ser constitutiva de delito".

"No ha habido nada, ni siquiera hay medidas cautelares nuevas", replicó Cosano, quien explicó que la familia incluso ha pedido a Hacienda tras la presentación de las declaraciones de patrimonio complementarias que se cobre de los 550.000 euros que encontraron en metálico bajo un jacuzzi en la Operación Toscana y que sigue bajo tutela de la autoridad judicial .

El abogado defensor insistió en que "no hay delito contra la Hacienda Pública, no hay establecimientos cerrados ni embargados, no hay medidas cautelares distintas... No hay nada y esto es una pieza de la investigación del tema patrimonial que se hizo en su día, pero que no conduce a nada".

En este sentido, Juan Pedro Cosano aseguró que "todas las pruebas determinan que no hay delito de prostitución, de ahí la solicitud de sobreseimiento, pero al no haber delito previo, porque la actividad que se ejercía -en los locales de alterne propiedad de la familia- era voluntaria, no puede haber blanqueo de dinero, ya que procede de una actividad legal, también el que se encontró en el jacuzzi", apostilló Cosano.

Según la información contrastada por este medio con fuentes de la Guardia Civil y publicada el pasado sábado, la actuación del equipo de lucha contra el blanqueo se saldó con la detención de ocho personas y la imputación de otras tres personas igualmente relacionadas con el 'clan de los Galán', todas ellas trasladadas a dependencias policiales para tomarles declaración. La operación se desarrolló, siempre según fuentes oficiales de la Benemérita, entre España y Portugal, y junto a los embargos de bienes y cuentas anunciados, no se descartaban nuevas detenciones.