Los ex Delphi exigen de forma oficial a la Junta su recolocación y 1,4 millones

Los extrabajadores de Delphi exigen, ahora de forma oficial, a la Junta de Andalucía, su recolocación y, además, el pago de las cantidades que dejaron de percibir el 31 de octubre de 2012 que, calculan, ascienden a casi 1,4 millones de euros. Son las dos líneas fundamentales del requerimiento presentado ayer, al mismo tiempo en Cádiz y en Sevilla, por los representantes sindicales de USO y de UGT, Miguel Paramio y Antonio Montoro. Después de meses de negociación entre los cuatro sindicatos, finalmente sólo han insistido en la opción de la demanda conjunta para todos los extrabajadores estas dos fuerzas sindicales. CCOO y CGT desistieron al entender que no era la vía más adecuada para lograr su objetivo.

En definitiva, el requerimiento presentado ayer en las sedes de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz (hasta ayer dirigida por Angelines Ortiz) y en la de la Consejería en Sevilla, es previo a una demanda por la vía contencioso-administrativa por "incumplimientos" de los protocolos suscritos tras el cierre de la multinacional de automoción en Puerto Real.

Según explicó ayer el portavoz de USO, Miguel Paramio, reclaman la ejecución del contenido del protocolo del 4 de julio de 2007 suscrito por los representantes de la Junta y de los cuatro sindicatos, así como del contenido de los desarrollos del citado protocolo, en particular del protocolo de adhesión al programa de recolocación de las personas afectadas por el cierre de Delphi.

Así, solicitan que la Junta "reconozca el derecho de las personas afectadas por el cierre de Delphi que están incorporadas en el ámbito personal de los acuerdos incumplidos al restablecimiento, desde fecha 1 de octubre de 2012, de la situación jurídica individualizada que se deriva del cumplimiento del Programa de Inserción Laboral y desarrollos del Protocolo de 4 de julio de 2007". Piden, en definitiva, que se reconozca el derecho a recibir la totalidad de las ayudas económicas previstas en los citados acuerdos y que, según consta en el escrito registrado en la Junta, "ascienden a un total de 1.349.140,32 euros".

Todo ello, según detallan, "sin perjuicio de acrecentar dicho importe con las mensualidades que con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 se vayan devengando y de detraer el importe reclamado y de las cantidades que se vayan devengando los importes que en concepto de prestación y subsidio por desempleo hayan recibido personalmente los afectados".

En la misma línea, el portavoz de UGT y secretario ejecutivo de MCA-UGT Andalucía, Antonio Montoro, explicó a Efe que "con la demanda no sólo pretendemos que el Gobierno andaluz cumpla con el compromiso adquirido en su día con los trabajadores, los sindicatos y la Bahía gaditana en su conjunto, sino también que les busque una salida digna a los casi 500 extrabajadores afectados por esos incumplimientos que, a día de hoy, no cuentan con ninguna prestación económica".

Detalló que en el requerimiento, se exige a la Junta que se reconozca a los extrabajadores su derecho al restablecimiento de las ayudas que dejaron de percibir en octubre de 2012 y propone una serie de medidas para compensar su situación económico-laboral.

En concreto, el sindicato propone un sistema de prejubilaciones, el pago de una ayuda de 30.000 euros a los trabajadores interesados en acometer Proyectos Personales de Inserción (PPI) y el abono de una cantidad de dinero para los acogidos al Plan de Reinserción Laboral.

Si la administración autonómica no responde en el plazo estipulado, que es de tres meses, Montoro anuncia "no les quedará más remedio que acudir a los tribunales" ya que "por encima de todos los compromisos políticos, está el bienestar de estas familias que están viviendo situaciones dramáticas y sería un agravio comparativo respecto al resto de compañeros que pudieron tener su salida laboral".

Mientras, en la Bahía, y pese al compromiso adquirido por los diferentes partidos de buscar juntos una salida al conflicto, todos siguen mirando al contrario. Así, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, explicó ayer que "el que pone excusas es el PP. Nosotros no hemos puesto ninguna: hemos dicho el marco en el que se puede comprar el terreno, la reglamentación jurídica que permite comprar y un sitio donde hay dinero para que se compre, que es el marco del Consorcio de La Aletas. Hay dinero y el documento estratégico dice que sería un suelo idóneo para instalaciones complementarias de Las Aletas. Y el PP ha dicho que no".

El delegado sí introdujo un matiz. Afirmó que "es un suelo con un gran potencial, pero en la situación en la que se encuentra ahora es difícil que tenga salida en el mercado porque está vinculado a una administración concursal y con, no diré un lastre, pero sí una mala imagen vinculada a un problema industrial. Por tanto, es difícil que nosotros podamos ofrecer este suelo y que sea aceptado por cualquier empresa". Y, para "cambiar esa imagen", López Gil insistió en que "el escenario ideal es Las Aletas. Ahí seguiremos insistiendo y los ex trabajadores de Delphi coinciden con nosotros en que es el mejor marco". Por último, insistió en que "hemos ofrecido incluso que pueda gestionarse desde el propio parque Tecnobahía, estaríamos dispuestos a que se incluyera en la gestión del mismo".

Sobre el proyecto de Las Aletas, López Gil dijo ayer que "no queremos hacer una guerra ni una batalla de Las Aletas. El compromiso del Gobierno de España fue llevarlo a final de año a la aprobación del Consejo de Ministros. Pasó diciembre y no lo hicieron, no tenemos más información. Tenemos una estrategia conjunta bien definida y en ese marco no movemos. Lo único que podemos hacer es pedir al Gobierno que lo lleve al Consejo de Ministros e inmediatamente después convoque el Consejo para que podamos seguir avanzando".

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, anunció por su parte que su partido pedirá a la Junta de Andalucía, en forma de iniciativa parlamentaria, el mismo trato para solucionar el problema de Delphi que dio a otras empresas en parecida situación en su día. "La Junta no puede mirar para otro lado. Nos están tomando el pelo cuando hace cosas en otras provincias que aquí se niega", aseguró Sanz.

Y es que el presidente del PP mostró el acuerdo del Consejo de Gobierno del 26 de julio de 2005 en el que se ratificaba la compra de un piso de lujo en Madrid por tres millones de euros que pertenecía a la empresa Santana Motor. Además, recordó que la Junta "soltó" 63 millones de euros para la compra de los terrenos de Santana Motor en Linares, en Jaén. Por eso Sanz, exigió al gobierno andaluz de PSOE e IU "un compromiso claro con la provincia", que "no se puede permitir lujo de perder lo que significa una oportunidad de atracción de empresas como son los terrenos de Delphi".

Finalmente, tras una reunión conjunta, los responsables provinciales de IU y CCOO hablaron del mismo asunto. El coordinador de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas (delegado de la Junta), dijo ayer que el proyecto de Las Aletas requiere de tres líneas de trabajo que pasan por contar con el máximo consenso político y social, seguridad jurídica para evitar futuros reveses de los tribunales y una apuesta en lo concreto con los recursos que tiene disponibles, como es la compra de los antiguos terrenos de Delphi para la reindustrialización de la Bahía.

Cárdenas se preguntó "si tiene sentido estar hablando de un proyecto a diez años que no tenemos la certidumbre o la seguridad jurídica de que se vuelva a tramitar y vuelva a tropezar con los mismos problemas" de índole jurídica. Por eso, apostó por "buscar alternativas concretas y reales para poner en marcha el proyecto; el Consorcio de Las Aletas tiene una oportunidad única de aplicar en lo concreto los recursos con los que cuenta". Así, dijo que "debe comprar los suelos de Delphi", pues es "un suelo que tiene que estar al servicio de las empresas que desarrollen actividades industriales".