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Urbanismo

Diez juntas de compensación se posicionan en el debate del PGOU

  • Los vecinos de estas entidades advierten de los riesgos que tendría volver al Plan de 1992

Una imagen de un encuentro de ARGs en vías de legalización celebrado hace algunos meses.

Una imagen de un encuentro de ARGs en vías de legalización celebrado hace algunos meses. / Andrés Mora

Las juntas de compensación de las Unidades ARG 01 Cantarranas 6, ARG 05 Cantarranas 5, ARG 06 ElBarrero, ARG 08 Los Naranjos, ARG 27 La Herradura, ARG 37 La Estacadilla, ARG 43 Cantarranas4, ARG 45 Carreteras de Sanlúcar 2, ARGT 03 La Valenciana y SUNC 03 Cantarranas 3, así como el equipo de arquitectura BRB han querido hacer pública su posición sobre el debate abierto tras la sentencia de anulación del PGOU vigente.

Este colectivo pide al Ayuntamiento “que se asegure de la representatividad de los agentes con los que mantiene dicho debate” -en clara alusión a otros propietarios de ARGs que se han hecho oír- y recuerdan que “nuestras entidades están legalmente constituidas, o en proceso de estarlo, y son las que se prevén en la legislación urbanística para representar a los titulares de suelo en sectores de planeamiento”. Por tanto, entienden estas juntas de compensación que “es con nuestras juntas con quien debe debatir el Ayuntamiento su toma de posición final”.

Este colectivo no entiende como válida la opción de volver al PGOU de 1992, “para sustituir un proceso de regularización en toda regla por la normativa autonómica de los AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación), y todo ello porque sólo servirá como solución para determinadas operaciones urbanísticas convencionales que se pretendan salvar, pero no para el proceso de regularización”.

La normativa autonómica no legalizaría el suelo ni las edificaciones

Los motivos que esgrimen estas juntas de compensación son claros: “El suelo no se legaliza, quedando como suelo no urbanizable; no se podrá edificar en las suelos vacantes; no existirán dotaciones y espacios urbanos como viales pavimentados, zonas verdes o espacios para equipamientos; no se conseguirá la normalización urbana; las edificaciones serán Asimiladas a Fuera de Ordenación, por lo que no quedan legalizadas; no se permitirá en ellas ningún tipo de obra que no sea la estricta conservación; no se tenderán nuevas redes de infraestructuras para dar servicio a las viviendas AFO, que sólo accederían a dichas redes si éstas ya existieran. Por contra, caso de no existir, las viviendas AFO se verían obligadas a dotarse de servicios autónomos, que cumplan con las medidas de integración medioambiental: potabilización de aguas, depuración de vertidos o energía eléctrica de producción alternativa”.

El colectivo también destaca que “ el Ayuntamiento debe garantizar la conservación de todo lo aprobado, además de la consolidación de todo lo que está en trámite. Debe ser consciente de que todo lo invertido, en recursos y en tiempo, en el proceso de regularización lo fue porque dicho PGOU así lo disponía y obligaba y también porque los ciudadanos que se implicaron en el proceso confiaron en el mismo, y en el Ayuntamiento que lo impulsaba”, recuerdan, insistiendo en la necesidad de conservación de todo lo que se ha hecho desde 2012 hasta la fecha.

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