Los vecinos de las llamadas Áreas de Regularización (ARGs) han comenzado a moverse a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) El Puerto, en base al cual se está realizando el complejo proceso de regularización de los antiguos diseminados irregulares del término municipal. 

Para ello, ante la creciente inquietud generada por esta situación, han comenzado a constituir una Plataforma que aglutine a todos los afectado por el fallo del TSJA. La Plataforma en fase de constitución, echa la vista atrás para analizar los pasos que se han dado en el proceso de regularización de sus viviendas.

Reconocen en primer lugar que la sentencia ha caído "como un jarro de agua fría" en muchos portuenses afectados por el proceso de legalización de viviendas irregulares, vecinos que incluso contra lo anunciado por asociaciones ecologistas y otros expertos, "han venido confiando en las manifestaciones de los representantes políticos durante estos años acerca de la validez y firmeza de la norma urbanística municipal".

Los afectados de las ARGs se preguntan qué va a ocurrir con el esfuerzo económico y personal realizado hasta la fecha

La sentencia, declaran estos afectados, "viene a confirmar que el PGOU aprobado por partes en un proceso que se extiende por partes entre los años 2012 y 2016, incurre además en graves defectos que no pueden ser subsanados, y que merece declararse su completa nulidad". 

"Tras años de confiar en la palabra de los concejales de urbanismo de turno, en los propios equipos técnicos contratados para proveer de la necesaria regularización a tantos portuenses", los representantes vecinales se preguntan "qué va a ocurrir con tanto esfuerzo económico y personal de tantas familias para obtener su integración en las infraestructuras de servicios y suministros básicos, la regularización de los viales y urbanizaciones, o la gestión de residuos, que estando en gran parte costeadas nunca llegaron a ser recibidas, a pesar de los reiterados anuncios de los agentes implicados en la ejecución urbanística del Plan, que ahora ha sido anulado".

Y es que como han venido reclamando los vecinos de las ARGs "es imprescindible un ejercicio de transparencia en la gestión del único patrimonio de tantas familias portuenses afectadas por la negligente política urbanística padecida desde el PGOU de 1992, y que se hace sentir en todos los ámbitos de la ciudad".

La Plataforma de afectados por el fallido PGOU, añade que, a la vista de las declaraciones realizadas por los representantes políticos municipales y de los asesores de equipos de trabajo contratados para la regularización, "no se entiende por los vecinos que la solución pase por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo para así ganar algo más de tiempo en el que acelerar la ejecución del PGOU anulado, pues ello sólo traerá más caos en el futuro próximo".

Los vecinos no entienden que la solución pase por recurrir la sentencia en el Supremo ya que ello "traerá más caos"

Los afectados afirman por el contrario que según las informaciones que han recibido de los técnicos, conocer el resultado del recurso llevaría de 18 meses a 3 años, y que aún así, si fuese admitido, "algo improbable, concluiría con casi total seguridad en una sentencia que confirmaría la nulidad declarada por el TSJA", algo con lo que, a juicio de los vecinos, "también coinciden las declaraciones de los representantes municipales, cuando proyectan la puesta en marcha de un Documento de Revisión del PGOU mientras mediante el recurso se obtiene tiempo para no aplicar la nulidad declarada judicialmente". 

Por ello, los vecinos afectados por la anulación se preguntan "si no sería más conveniente respetar las decisiones judiciales" y, en lo concreto, "aplicar las cuantiosas sumas ya abonadas por miles de vecinos a la regularización conforme al PGOU de 1992 y a la actual normativa autonómica, facilitadora de la integración urbana por medios más sencillos y menos costosos que los arbitrados por el PGOU condenado, en lugar de continuar judicializando el futuro de los portuenses para avanzar hacia un horizonte incierto y tormentoso, mientras se continúa exigiendo el abono de los costes de la regularización conforme a unos planes especiales, proyectos y trabajos en aplicación de un Plan General declarado nulo, que invalida la Ordenanza de las Áreas de Regularización, el Plan de Inspección, y otras muchas normas municipales dictadas en desarrollo del PGOU".