La concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, mantuvo ayer una reunión con representantes de las viviendas al margen del planeamiento (ARGs), técnicos del área de Planeamiento y gestión y el asesor jurídico de Urbanismo, así como con representantes de los grupos políticos para explicar los dos escenarios que se abren tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), escenarios que pasan en primer lugar por recurrir o no la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Enciso explicó que si se opta por no recurrir se volvería al PGOU de 1992, “un plan absolutamente válido y eficaz que presenta el problema de la falta de presencia de las ARGs”, según la edil, aunque añade que “la inclusión de las áreas de regularización se podría arbitrar en la Revisión parcial o mediante modificaciones del Plan, de tal forma que estos planes especiales podrían ser incorporados como una ordenación pormenorizada”.

La edil quiere transmitir “confianza porque se tranquilizaría bastante a los vecinos que ya han afrontado pagos a los equipos redactores, toda vez que el trabajo efectuado no sería en balde, ya que se podría incorporar a la citada revisión”.

Hasta el momento el Ayuntamiento no ha decidido si recurrirá o no la sentencia del TSJA

Enciso explicó también que, si se opta por recurrir en casación al Supremo, “vía que parece ser la que más peso está tomando, aun sin ser definitiva la decisión, en todo caso los pasos a dar pasarían en primer lugar por hablar con la asesoría jurídica de la Junta y con el abogado urbanista que nos representará para analizar las posibilidades de que el recurso fuese admitido a trámite. Disponemos de un mes de plazo, que comenzó a correr el pasado día 4 de octubre, para presentar el recurso, unos seis meses más para saber si se estima o no a trámite el recurso y, en caso de admitirse, unos dos o tres años para conocer la sentencia”, señaló Danuxia Enciso en la reunión celebrada en la mañana de ayer.

Entre tanto, mientras la sentencia judicial no adquiera firmeza el actual PGOU de 2012 continuaría adelante con su vigencia.

La teniente de alcalde de Urbanismo quiere subrayar que “en todos los casos habría una revisión del Plan General de Ordenación Urbana”, enfatizando que “dentro de la complejidad que significa tener una sentencia que anula el PGOU tenemos que ser positivos y transmitir confianza y tranquilidad porque, se recurra la sentencia o no se recurra, se va a seguir actuando con todas las garantías posibles, evitando la paralización de la ciudad”.