La anterior concesionaria de la grúa denuncia al Ayuntamiento por impago
Grúas Fico advierte que el Consistorio le adeuda más de 400.000 euros, lo que asegura le impidió optar a seguir manteniendo la gestión de este servicio municipal
La empresa Grúas Fico, anterior concesionaria del servicio de recogida de vehículos, ha denunciado al Ayuntamiento en el Juzgado por el impago de los servicios que prestó hasta el año pasado. Son varias las reclamaciones contenciosas que ha presentado por una deuda que ronda los 420.000 euros por deudas que se acumulan desde 2007.
El abogado de Grúas Fico, Juan Manuel Góngora, explicó a Diario de Cádiz que hasta hace tres años había una cierta "fluidez" en los pagos por la concesión. Sin embargo, desde entonces apenas se ha abonado un 10% de los servicios prestados en este tiempo. La concesión de Grúas Fico concluyó el 30 de junio de 2010 y el letrado asegura que el responsable de esta sociedad, Eduardo Jiménez, decidió no optar al nuevo concurso debido a la fuerte deuda contraída. Al concurso se presentaron otras dos empresas aunque una de ellas fue rechazada obteniendo finalmente la concesión la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Gestión Integral del Suelo y Licuas SA. La concesionaria del servicio de grúa también debe hacerse cargo de la retirada y traslado de las señales de tráfico, vallas y pivotes así como del servicio de portería del depósito municipal de vehículos.
Pero Grúas Fico no sólo han procedido a denunciar ante el Juzgado sino que también ha iniciado una protesta junto al Ayuntamiento. Desde hace días, tiene aparcado el vehículo que hasta el año pasado era utilizado para la retirada de vehículos y desde ayer ha colocado una pancarta en su interior donde exige el pago de la deuda. El abogado de Grúas Fico aseguró tanto él como su representante ha mantenido varios encuentros con los responsables municipales para tratar de llegar a un acuerdo pero no hubo un "compromiso fehaciente". Por este motivo, la empresa optó por presentar varias reclamaciones de pago por inactividad de la administración pública que están en la actualidad pendientes de resolver.
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