La estructura levantada por un promotor privado en terrenos de la concesión del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María para cubrir unas pistas de pádel sin contar con la debida autorización sigue en el mismo lugar.

El decreto emitido por la concejala de Gestión Urbanística, Leonor Caballero, en octubre de 2023, donde confirmó la orden de demolición del cobertizo(cubiertas textiles)en el plazo de un mes o la imposición de doce multas coercitivas en caso de que se incumpliera la medida no parecen haber surtido el efecto deseado: el restablecimiento de la legalidad y la restitución de la realidad física alterada.

La estructura, a la que los ciudadanos denominan ‘El mamotreto’, sigue impidiendo a vecinos y transeúntes la vista del río Guadalete, junto al que está ubicada, en terrenos de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz cuya concesión disfruta el Club Náutico.

Ni las protestas de vecinos y particulares, que ya expresaron sus quejas por el impacto visual, ni de la asociación Betilo, ni la intervención de Ecologistas en Acción y del Ayuntamiento, parecen haber surtido efecto, y casi dos años después de su instalación sigue anclada en la privilegiada ribera del Guadalete.

Ya desde su construcción mediante ‘Declaración Responsable’ contó con reticencias técnicas de la Concejalía de Urbanismo, y originó la emisión de dos decretos del área de Ordenación y Planificación, donde se acordó que, en base a los informes existentes, el sistema elegido para conseguir la autorización de las obras no era válido.

El cobertizo levantado sobre varias pistas de pádel produce un efecto pantalla que impide la visión del río Guadalete.

Desde entonces, aunque la estructura sigue impertérrita, ha cambiado el entorno, ya que junto a ella, pegado al río, se ha construido parte del flamante Paseo Fluvial, con nueva solería, mobiliario urbano renovado y otros elementos de cerramiento, construidos con dinero público, y que sin duda revalorizan el lugar.

Los promotores de la obra agotaron en octubre de 2023 la vía administrativa para recurrir el decreto de restitución de la legalidad, tras lo cual plantearon un recurso contencioso administrativo en el juzgado contra el Ayuntamiento de El Puerto, para tratar de revocar la decisión de Urbanismo.

Ecologistas en Acción, que desde el principio denunció la instalación y exigió su retirada, se personó en el procedimiento judicial, abierto en Cádiz, y ya en diciembre de 2023 los promotores desistieron del recurso presentado, lo que parece haber cerrado de manera definitiva la posibilidad de interponer nuevas trabas administrativas para que el lugar vuelva a lucir como antes de la construcción del antiestético cobertizo.

La práctica de presentar declaraciones responsables para la ejecución de obras u otras gestiones, pone en manos de los promotores una herramienta que no todos utilizan con diligencia, por lo que en algunos  casos, si cometen una infracción, presentan una batería de recursos para dilatar los procedimientos o tratan de legalizar actuaciones irregulares por otros medios.