Ecologistas en Acción ha tenido acceso a la documentación del Ayuntamiento y los expedientes de protección de la legalidad y sancionador incoados tras la construcción de unas cubiertas para unas pistas de pádel junto al río Guadalete, en El Puerto de Santa María, en terrenos de la concesión del Real Club Náutico, la cual vendría a confirmar que la actuación se realizó sin licencia de obras. Los ecologistas denunciaron la construcción de dichas estructuras textiles, con un fuerte impacto visual sobre el río. También, solicitaron información sobre las obras que se estaban realizando y personarse en los expedientes.

El 2 de agosto de 2022 con las obras recién iniciadas, se emitió informe desfavorable del arquitecto municipal para realizar las obras con una Declaración Responsable, por lo que los ecologistas consideran que se deberían haber paralizado "a la espera de la solicitud de la preceptiva licencia de obras".

Sin embargo, “con la connivencia del Ayuntamiento”, las obras continuaron hasta su terminación, a pesar de haber dos decretos posteriores firmados por la concejala de Ordenación y Planificación, donde se acordaba que, en base a informes técnicos, la Declaración Responsable presentada por el Club Náutico para conseguir la autorización de obras no era válida, y por lo tanto ineficaz, y se daba cuenta a Disciplina Urbanística para que iniciara las actuaciones correspondientes.

Ante la notificación de Urbanismo y la denuncia de los ecologistas y otros particulares, Disciplina Urbanística inició dos expedientes en aplicación de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía: de restablecimiento de la legalidad, ordenando la reposición de la realidad física alterada, y expediente sancionador por la comisión de una infracción urbanística.

En el de restablecimiento de la legalidad se indica que "la construcción levantada sin licencia no es susceptible de legalización", ya que la edificabilidad otorgada al Club Náutico por el Plan Especial de Ordenación de Puerto está agotada y no puede ampliarse a menos que se modifique dicho Plan. Por lo tanto, la resolución del expediente “no puede ser otra que la demolición y desmontar las cubiertas para reponer la realidad física a su estado anterior, al no ser legalizables”.

Por otra parte, el Ayuntamiento “se ha visto obligado” a dictar un decreto iniciando procedimiento sancionador por establecerlo la Ley 7/2021 y por las denuncias presentadas, donde se recoge que “en atención a las obras ejecutadas se propone una sanción de 16.499,50 euros”.

Los ecologistas consideran que haber llegado a esta situación tan gravosa desde el punto de vista económico para el Club Náutico y para los ciudadanos por el impacto visual sobre el río, “se podría haber evitado con una actuación más diligente del Ayuntamiento. Se deberían haber paralizado las obras tras tener conocimiento del informe desfavorable del técnico municipal a la Declaración Responsable y la imposibilidad de obtener la licencia de obras. Esta práctica de hechos consumados está favorecida por la lentitud administrativa y por la táctica de los promotores de ejecutar obras a través de declaraciones responsables a sabiendas de la necesidad de licencia, por si cuela, y en todo caso legalizar a posteriori si es factible o alargar la restauración de la legalidad presentando recursos”.