Zubizarreta declara como testigo en el caso Neymar

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interrogará hoy en calidad de testigos al exdirector deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta; al antiguo director del área de fútbol Raúl Sanllehí, y el exdirector general Antoni Rossich en el marco de la investigación sobre el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva.

Las citaciones se producen a petición de la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que presentó la querella por delitos de corrupción entre particulares y estafa por simulación de contratos.

Neymar da Silva Santos, padre y representante del futbolista, señaló a Sanllehí como su interlocutor en el conjunto azulgrana cuando declaró en octubre de 2014 en otra de las causas abiertas por esta operación, en esta ocasión por tres presuntos delitos fiscales en el fichaje del jugador.

Además, el juez tomará declaración por videoconferencia desde Brasil al vicepresidente del club de origen del delantero, el Santos. Odilio Rodrigues declarará en calidad de investigado.

La causa se abrió a raíz de la querella presentada por DIS, que poseía el 40 por ciento de los derechos del brasileño cuando éste jugaba en el Santos, y en ella figuran como investigados el propio jugador y sus progenitores, el actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y su antecesor Sandro Rosell.

El magistrado escuchó como investigados a principios de febrero al futbolista, a su padre, que aseguró que su hijo no participó en las negociaciones con el club culé, a Bartomeu y a Rosell.

De la Mata admitió en junio pasado la querella al entender que el equipo azulgrana pudo adquirir los derechos del futbolista en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado". En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían "visos de perpetración criminal". De la Mata cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones.