La tormenta perfecta

"Solucionar el problema de la vivienda en Cádiz es algo muy complicado. Aquí no hay suelo suficiente ni para atender únicamente a la demanda actual (más de 6.000 peticiones de pisos de promociones públicas)". Quien hace esta reflexión es la nueva delegada de Fomento de la Junta, Gemma Araujo, que aún se encuentra en 'fase de aterrizaje' al frente de una de las áreas más complicadas del gobierno andaluz y más en una ciudad como Cádiz donde la vivienda es, junto al desempleo, el principal problema para una buena parte de su vecindario.

La reflexión es pesimista pero en nada exagerada. Tampoco descubre nada nuevo. Pero dicho por la representante de la Junta incrementa la preocupación ante un problema que parece irresoluble y que, por ello, toca de lleno a la propia economía de la ciudad y a la misma vida de los gaditanos.

La propia Junta tiene un papel relevante en todo lo relacionado con la vivienda, pues es la administración sobre la que recaen las principales competencias en esta materia y que, sin embargo, sigue sin contar con un Plan de Vivienda, tras concluir el anterior en 2012. El nuevo se espera esté terminado en el primer cuatrimestre de del próximo año.

Centrado el problema de la vivienda en Cádiz capital, el papel de la administración regional es aún más relevante, especialmente tras el decreto de 1999 con el que asumió el control de la gestión en la ciudad. Los años boyantes permitieron invertir 154 millones de euros con 5.176 viviendas en un plan ambicioso que recuperó buena parte del casco antiguo.

Pero la crisis cerró de golpe el grifo inversor. Llevamos así más de un quinquenio sin la ejecución de nuevas promociones (salvo la de Osorio, que acumula años en obras y en retraso), lo que se ha notado de lleno en un aumento de la demanda de peticionarios de pisos sociales, con menos recursos al aumentar el desempleo y las familias en situación de riesgo de exclusión social.

El, dicen, final de la crisis no supondrá, por lo menos de momento, un retorno a la situación de hace cinco o seis años. No hay dinero para promociones de nueva planta o para rehabilitaciones de edificios ya existentes, según reconoce la delegada de Fomento.

Por contra, la Junta de Andalucía sí pretende potenciar las inversiones en el mantenimiento de su elevado parque de viviendas que tiene en Cádiz, con 1.634 pisos, ya que en muchos casos ha pasado una década desde que se ejecutaron las obras de reforma.

"Tras la apuesta brutal de 154 millones de inversión que hicimos en su día, esas viviendas requieren una importante labor de mantenimiento en la que vamos a incidir con fuerza. Es una forma de mantener la calidad de vida de cientos de familia en la ciudad y evitar el deterioro del parque de viviendas", destaca Gemma Araujo.

Así, se van a destinar 6,34 millones de euros para actuaciones de rehabilitación y mantenimiento en más de un millar de pisos propiedad de la Junta en Cádiz. De éstos se incluyen 684 en la barriada de La Paz, completando actuaciones de eficiencia energética ejecutadas en los últimos meses, más otras 355 viviendas en el casco antiguo, todas ellas del parque autonómico. Esta operación permitirá actuar tanto en el interior de las casas como en las zonas comunes de los edificios, además de en espacios públicos. El objetivo es que los trabajos, incluidos dentro del Plan Estatal de Vivienda, se ejecuten en el bienio 2016-2017.

Más allá de operaciones de este tiempo, se está pendiente del propio Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía, que debería de estar terminado a lo largo del primer semestre de 2016, tras la conclusión del anterior en 2012. Habrá que ver si en este documento se recuperan más actuaciones en materia de rehabilitación de espacios comunitarios y obras puntuales en viviendas, sin entrar en las grandes operaciones inmobiliarias, ya descartadas.

Con todo, Gemma Araujo asume lo complicado que es actuar en Cádiz, ciudad donde el problema de la vivienda es endémicos, más allá de épocas de crisis económica.

Como si estuviésemos en mitad de una tormenta perfecta, a la imposibilidad económica de afrontar nuevas obras en la ciudad, reconocida por la administración, se le une el complicado mercado de alquiler, que bien organizado podría aliviar de forma considerable el problema de la falta de una residencia adecuada para muchos ciudadanos.

Destaca así como la mayor parte del parque en alquiler supera los 500 euros de renta media, superando así el tope puesto por la Junta para subvencionar hasta el 40% de este coste. Asume la delegada que el propietario de estas viviendas es libre de poner el precio que considere adecuado, a la vez que se reconoce que las administraciones públicas no disponen de viviendas libres en esta situación. De esta forma, la bajada de la renta familiar por efectos de la crisis impide a muchas familias de la ciudad encontrar un piso en las condiciones adecuadas; especialmente grave es la situación de los jóvenes que pretenden emanciparse de sus padres y que se ven imposibilitados para ello. El perfil del demandante de vivienda pública se sitúa en una pareja que aún no ha sobrepasado los 35 años de edad, que tiene ya un hijo y cuyos ingresos no pasan de los 800 euros.

"Lo ideal sería que el propietario privado descubriese que bajar el coste del alquiler sería una garantía para poder sacar al mercado estos pisos", recordando la delegada que la peculiaridad de Cádiz incluye también el mínimo número de viviendas que están en manos de entidades bancarias que sí las ponen en el mercado a un coste más bajo.

A pesar de la importancia del problema de la vivienda por el momento no se ha celebrado ningún encuentro entre la nueva delegada de Fomento y las autoridades locales. "La concejala (Eva Tubío) no ha pedido por el momento ninguna entrevista a la vez que no se nos ha invitado a las reuniones mantenidas con otros colectivos ciudadanos". No obstante Araujo deja claro que por parte de la Junta "no tenemos ningún inconveniente de colaborar con el Ayuntamiento".