Los vecinos ven negro el futuro de la vivienda

"Las perspectivas son muy negras". La frase lo deja todo dicho respecto a las esperanzas que tienen los movimientos vecinales sobre la reactivación de las inversiones públicas en materia de vivienda en la ciudad. Que la Junta diga que, por ahora, no hay fondos para nuevas actuaciones y que se van a centrar en mantener lo ya realizado, y que el Ayuntamiento centre, por el momento, su actuación en vivienda en sacar adelante un protocolo contra los desahucios, preocupa a las asociaciones más implicadas en el problema de la falta de pisos en Cádiz. Porque se tiene claro que lo que hace falta es dinero para construir o rehabilitar e intentar dar respuesta a buena parte de las necesidades que tienen más de cinco mil familias en la capital.

La frase es de José Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa María, una de las pocas que ha realizado un exhaustivo estudio sobre la realidad de la vivienda en su barrio, históricamente uno de los más degradados del casco antiguo de Cádiz.

Tras el parón de la Oficina de Rehabilitación de la Junta y la ralentización de las inversiones municipales en los últimos años, los datos que maneja Rodríguez respecto a su barrio son cada vez más alarmantes, tras romperse una tendencia a la mejoría en las condiciones de habitabilidad de buena parte de sus vecinos. En su barrio, por ejemplo, se ha pasado de un 78% de infraviviendas para el total del parque en 1995 a un 5% existente actualmente, que podría haberse eliminado totalmente si se hubiera mantenido el ritmo inversor público.

Menciona el dirigente vecinal hasta 27 fincas que se encuentran vacías en su barrio. Cita incluso la dirección de cada una de ellas. Del total, siete son de propiedad pública: cinco del Ayuntamiento y las otras dos de la Junta (entre ellas la de Troilo, donde sí se anuncia una próxima actuaciones). El resto son propietarios privados. Junto a ello hay unas siete fincas parcialmente habitadas con algunas zonas en muy mal estado de conservación. "En estos edificios hay viviendas que no se pueden habitar y otras que, aunque con gente dentro, rozan la infravivienda", se lamenta José Rodríguez.

Aunque valora de forma muy positiva la redacción de un protocolo antidesahucios por parte del Ayuntamiento, impulsado en todo caso por las entidades vecinales, se tiene claro que es esencial nuevas inversiones económicas. Incluso recuerda el presidente de Santa María que hace unas semanas plantearon desde el movimiento vecinal una alternativa para salvar el recorte presupuestario de las administraciones: la cesión de las fincas que se encuentran vacías y son de propiedad del Ayuntamiento o de la Junta "para la puesta en marcha de pequeñas cooperativas. De esta forma, las administraciones aportan los edificios que tienen vacíos, y donde no pretenden construir, para que sean los futuros vecinos los que afronten las obras de reforma de las fincas. Entre los miles de solicitantes (en el registro municipal) hay familias suficientes para sacar adelante esta iniciativa". Sin embargo, por ahora la respuesta ha sido el silencio.

Calcula José Rodríguez que entre las dos administraciones deben tener en el casco antiguo cerca de 80 fincas vacías, lo que supondría rehabilitadas más de 500 viviendas. "Si los políticos fueran valientes se pondrían a trabajar en esta idea", constata el dirigente vecinal.

Se lamenta desde las entidades vecinales que el trabajo realizado durante más de una década en la rehabilitación del parque de viviendas del casco antiguo pueda perderse por la falta de continuidad del proyecto, paralizado ya desde el inicio de la crisis económica.

A falta de nuevas promociones, la esperanza de encontrar viviendas de alquiler choca con los precios que el mercado aún mantiene en Cádiz y la abundancia de pisos que se acercan más al concepto de infravivienda. En Santa María, según los estudios realizadas por su asociación, cerca del 90% de las viviendas que pueden estar en el mercado de alquiler no están en condiciones de habitabilidad. Sí se reconoce que hay propietarios que "atendiendo a nuestras peticiones, han rebajado el precio de los alquileres para hacerlos más asequibles al nivel económico de quienes aquí viven".