Intoxicación alimentaria en Cádiz

La granja que vendió huevos al Grimaldi distribuyó sin control de salmonela

  • La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo impuso al propietario de la explotación ganadera una multa de 600 euros y ordenó además el sacrificio de todas las gallinas: 2.490 ejemplares

Personas congregadas en los Carnavales de 2016 en torno al mercado. A la izquierda, el bar Grimaldi. Personas congregadas en los Carnavales de 2016 en torno al mercado. A la izquierda, el bar Grimaldi.

Personas congregadas en los Carnavales de 2016 en torno al mercado. A la izquierda, el bar Grimaldi. / D.C.

La investigación judicial por la intoxicación masiva que sufrieron más de un centenar de personas durante los Carnavales de 2016 por la ingesta de tortilla en el bar Grimaldi -tras la cual falleció un joven con patologías previas- da un paso más en sus pesquisas con un informe de la Junta de Andalucía que determina que el dueño de la granja que abasteció al restaurante no realizó "autocontroles de salmonela" en su gallinas, motivo por el cual fue sancionado con 600 euros. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ordenó asimismo el sacrificio de todos los ejemplares de la explotación ganadera: un total de 2.490.

El informe elaborado por el inspector veterinario del departamento de Sanidad Animal, que declarará el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, especifica que la granja avícola que surtió de huevos al bar Grimaldi fue objeto de inspección el 9 de febrero de 2016, tres días después del brote de salmonelosis. El mismo 9 de febrero, el servicio de Sanidad Animal apreció la existencia de "riesgo para la salud pública" y dictaminó la "inmovilización cautelar de las gallinas de la nave".

El 10 de febrero de 2016, apunta el documento aportado ahora a la causa, se tomaron muestras de las gallinas ponedoras. A partir de ahí se comprobó "el buen funcionamiento general de las medidas de bioseguridad implementadas por el ganadero" en la explotación, si bien "se detectó que faltaba por realizar el autocontrol de salmonela que resulta preceptivo cuando la edad de las gallinas está comprendida entre las 22 y las 26 semanas de vida".

Los referidos controles en las aves productoras deberían haber sido practicados obligatoriamente entre el 21 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2016 y, sin embargo, no se realizaron, lo que motivó que se instruyese un expediente sancionador contra el dueño de la granja. 

El dueño de la granja fue indemnizado con 8.800 euros por el sacrificio de todas sus gallinas

El 17 de febrero de 2016, señala el informe de la Junta, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recibió la valoración emitida por el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba de la nave investigada, la cual resultó "positiva en salmonela entérica". 

A partir de estos resultados, la administración autonómica optó por ordenar "el sacrificio de la manada afectada" para descartar la posibilidad de que estas gallinas produjesen huevos "destinados a su transformación en ovoproductos de consumo humano". Así pues, se sacrificaron todos los ejemplares de la granja, 2.490 gallinas de la especie gallus gallus. Posteriormente, el dueño de la explotación fue indemnizado por la Junta de Andalucía con 8.800 euros por el sacrificio obligatorio de los animales, una cantidad sensiblemente superior a la multa de 600 euros impuesta en el expediente sancionador.

Expediente sancionador

La Junta de Andalucía castigó al propietario de la explotación que abasteció de huevos al bar Grimaldi con una sanción de 600 euros por la comisión de una infracción tipificada como "grave". No obstante, la administración consideró que en este caso se daban una serie de circunstancias que "permitían" multar al dueño de la granja "aplicando la escala relativa a las infracciones leves". 

Esas circunstancias particulares que recoge el expediente son las siguientes: era la primera vez que se sancionaba al granjero, por lo que no había reiteración en su conducta; la Junta no apreció, además, "intencionalidad, dejadez o negligencia en la comisión de la infracción, sino más bien una desinformación por parte del ganadero, que daba por seguro que el primer autocontrol que debía realizar era a las 16 semanas desde la entrada de las gallinas en su granja; asimismo, la administración valoró que "la gestión de la explotación de gallinas ponedoras era, en general, correcta desde el punto de vista sanitario y que la mayor parte de los criterios de bioseguridad para evitar la presencia de salmonela se cumplían; por último, la Consejería de Agricultura entendió que el número de animales afectados, 2.490, era reducido en comparación con la capacidad de la nave, que podía albergar 4.580 ejemplares.

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