El quiosco de la Caleta divide las opiniones
Los ciudadanos consideran que "la prioridad debe ser, en todo momento, la playa"
Desde que la Junta ordenó que se paralizaran las obras del quiosco ubicado en la Caleta la polémica ha ido en aumento. Algunos gaditanos consideran que el establecimiento se encuentra en un lugar "privilegiado", y sería "una mala decisión" derribar un edificio que prácticamente está construido. En cambio, otros estiman que los requisitos impuestos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deben cumplirse "con rotundidad", y sí es necesario derribar la construcción.
José de la Rosa es tajante al opinar que el futuro bar restaurante "está situado en un buen sitio para que disfruten los usuarios de la playa", afirmando que "con el dinero que ha debido costar sería inadecuado tirarlo". El comercio, colocado enfrente de la antigua escuela náutica, rebasa el tamaño establecido en el plan de urbanismo. Asimismo, la instalación debe ser provisional, condiciones que no cumple el quiosco, aunque como manifiesta Emilio Tello: "Pretende emular la forma de un barco, por ello deberían ser un poco más permisivos a la hora de afrontar el problema".
Por otra parte, muchos ciudadanos, como Rafael Nuñez, piensan que "es incorrecto que la obra siga su curso, pues si la iniciativa no es legal debe ser prohibida de inmediato". Del mismo modo opinan Juan Melero y Carmen Rosa, que "no comprenden como ha sido aprobado un proyecto que no cumple las normas". Además manifiestan que "ahora es tarde para derruir la edificación, pues lo primero que deberían de haber hecho es informarse".
Lo que queda claro es que la polémica suscitada en torno al establecimiento no ha dejado indiferente a nadie. Manuel Aranda, que frecuenta la zona estima que "siempre que la playa no se vea perjudicada, la construcción sería de mi agrado", pues en algo coinciden los bañistas que acuden al lugar, y es que "la prioridad es la Caleta".
Entretanto la obra prosigue su curso con la promesa por parte del Ayuntamiento de que estudiará las acusaciones remitidas por la Junta de Andalucía.
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