El servicio municipal de información turística parece gafado en estos últimos años. Las malas noticias, las esperanzas rotas y las promesas que no terminan de cumplirse vienen marcando el desarrollo de esta atención que el Ayuntamiento presta por medio de una empresa que tiene a su cargo a siete trabajadoras. Hubo un tiempo en el que la situación cobraba visos de ser muy favorable a estas empleadas de la empresa Manpower, ya que de hecho este servicio de información turística llegó a ser el primero cuya municipalización aprobara el Pleno del Ayuntamiento (en noviembre de 2016). Entonces se prometían sueldos de 2.100 euros, y no de 4 euros la hora como se aseguraba que estaban cobrando estas trabajadoras, y se recordaba que hasta 2006 el Ayuntamiento ya prestó directamente el servicio, señalándose a la empresa Cádiz 2000 como prestataria de esa labor en el futuro.

No obstante, esa municipalización no llegó nunca, lo que en el devenir de los meses del actual mandato corporativo se ha ido uniendo a sucesivos problemas. El primero venía ligado a la expiración del contrato –que de hecho iba a motivar en 2016 esa municipalización– sin que saliera a concurso público el nuevo pliego, como viene ocurriendo con un sinfín de servicios y contrataciones del Ayuntamiento. Y el segundo, una vez se confirmó que iba a licitarse el servicio, por la no inclusión de una cláusula de subrogación entre las condiciones a aceptar por la nueva empresa.

Esta última circunstancia llegó incluso a condicionar el apoyo socialista al presupuesto, logrando finalmente que se incluyera la subrogación demandada y aprobada en diversas sesiones plenarias a lo largo de 2018.Para colmo de males, los impagos han sido otro de los caballos de carrera que ha tenido que soportar este servicio municipal durante estos últimos tiempos. Y es que la extinción del anterior contrato y el retraso en la tramitación del nuevo –pese a los reiterados anuncios del equipo de gobierno que se han ido incumpliendo de manera sistemática– ha tenido otro efecto añadido: el reparo de Intervención al pago de las facturas por falta de sustento legal.

Esto ha afectado a los ejercicios 2017 y 2018, cuyas facturas han sido objeto de cuatro reparos de Intervención. Curiosamente, dos de ellos han sido levantados por el alcalde mediante decreto, el correspondiente al servicio prestado en 2017, con una partida de 146.438,99 euros; y el relativo a las facturas de enero, junio, julio y agosto de 2018, por importe total de 49.922,36 euros.

Por contra, las facturas del resto del año 2018 se encuentran suspendidas de pago a consecuencia de dos reparos de Intervención (uno firmado el 16 de julio, con facturas de febrero, mayo, junio y julio del pasado año; y otro con fecha 7 de diciembre, con facturas del mes de octubre). Por tanto, a la empresa que hasta ahora viene prestando este servicio de información turística, a la espera de que salga a concurso el nuevo contrato que otorgue estabilidad a esas siete trabajadoras, se le adeuda por parte del Ayuntamiento un total de 61.016,25 euros.