Los problemas que viene padeciendo el Ayuntamiento en el área de Contratación empiezan a parecerse a los de un edificio en malas condiciones que empieza a mostrar grietas, pequeños desprendimientos y otros signos de preocupación. Las dificultades para sacar adelante los procesos de adjudicación de contratos a tiempo y sin problemas en la tramitación han evidenciado no pocos episodios en estos últimos tiempos. Y el último signo de que algo falla en Contratación es el balance de los informes de reparo que la Intervención municipal ha levantado contra facturas emitidas por servicios prestados al Ayuntamiento.

El problema que ya se detectó el pasado mes de octubre –y que este periódico puso de relieve– no ha hecho sino multiplicarse en el último cuatrimestre del pasado año. El montante económico que suman las facturas reparadas por Intervención (es decir, aquellas cuya emisión se entiende desde este órgano municipal que adolece de alguna irregularidad) se acerca a los trece millones y medio de euros (13.481.588,40 euros, en concreto). Cifra que supone casi el 10% del presupuesto municipal aprobado el pasado año.

Llama la atención que la cifra final supera el doble del resultado que los reparos arrojaron en el período comprendido entre enero y agosto (a lo que se sumaron las facturas emitidas por el servicio de Limpieza durante los meses de septiembre y octubre también). Es decir, que en el último cuatrimestre del año 2018 se han emitido reparos por mayor importe que lo que se había hecho en los ocho meses anteriores, por lo que lejos de solucionar el problema en Contratación la situación se ha ido agravando.

En concreto, entre septiembre y diciembre de 2018 se han emitido un total de 51 informes de reparo por el área de Intervención sobre facturas presentadas por un importe total de 7.443.631,39 euros; mientras que en el período comprendido entre enero y agosto (más las facturas de Limpieza emitidas en septiembre y octubre) se firmaron 42 informes de reparo que sumaron 6.037.956,98 euros.

Estos informes de reparo emitidos por Intervención implican que no se puede abonar la factura presentada por el área o delegación municipal pertinente. No obstante, esta circunstancia puede evitarse con un posterior decreto del alcalde levantando ese reparo y ordenando el pago de la factura. Esta última circunstancia se ha producido en el último cuatrimestre en 33 de los 51 expedientes de Intervención, lo que quiere decir es que gracias a esta posibilidad se ha liberado prácticamente la mitad de la suma reparada (3.892.532,66 euros, en concreto), a lo que hay que sumar los 2.743.217,82 euros correspondientes a las facturas de Limpieza de los meses de noviembre y diciembre que se abonan pese al reparo que cada mes levanta Intervención contra la misma.

Haciendo la cuenta global del año 2018, José María González ha firmado decretos en contra de la resolución de Intervención en 68 de los 93 expedientes, permitiendo liberar 4.742.949,71 euros cuyo pago no había autorizado el órgano interventor municipal (a lo que hay que sumar también la factura mensual de la limpieza, de 1.371.608,91 euros, que se abonan por acuerdo del Pleno del pasado mes de julio, cuando se decidió prorrogar otro año el servicio).

En el expediente de reparos correspondiente al período septiembre–diciembre (al que ha tenido acceso este periódico) se aprecia cómo la situación en la gestión económica del Ayuntamiento y, sobre todo, en el área de Contratación, sigue siendo la misma que en los últimos meses se ha ido poniendo de manifiesto con diversos episodios que han ido saliendo a la luz, como el rechazo de un pequeño comerciante a seguir proveyendo a la Guardería Municipal fruta y verdura o la paralización de los envíos de notificaciones a través de Correos. Como ya viniera ocurriendo en los expedientes conocidos entre enero y agosto de 2018, en el último cuatrimestre del pasado año se han mantenido los problemas en la contratación del servicio de Correos, de los proveedores de la Escuela Infantil Municipal, de la información turística, y de un buen número de servicios que se prestan a una parte sensible de la ciudadanía, como la comida a domicilio para personas mayores, la gestión del Centro de Acogida Municipal de Transeúntes, la ayuda a domicilio, la vigilancia sanitaria en la zona de ocio de la Punta de San Felipe, o la limpieza de los centros escolares públicos.

Servicios todos, en definitiva, que según señala Intervención en sus reparos se vienen prestando sin estar respaldados por contratos en vigor ni fórmulas legales que le den normalidad; situación que en muchos casos acumulan varios meses e incluso años sin solucionar, lo que vuelve a poner en jaque la gestión económica del Ayuntamiento y la situación en la que se ha estancado el área de Contratación, generando múltiples problemas a la actividad municipal.