En el mecanismo de acción del Ayuntamiento algo está fallando. Hay una o varias piezas del engranaje de la administración local que no terminan de funcionar correctamente. Y el problema gira en torno al área de Contratación. En los últimos meses, Intervención viene poniendo reparos a diversas facturas que emite el Consistorio; de tal manera, que según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico el montante económico de estos reparos supera ya los seis millones de euros.

Muchos de los reparos derivan de la ausencia de contratos en vigor de aquellos servicios que necesitan ser externalizados. Es decir, que el contrato finalizó en su momento y hasta la fecha no ha salido de nuevo a concurso el nuevo, manteniendo el Ayuntamiento esos servicios con los mismos proveedores sin sustento contractual. Cuestión que enlaza de pleno con ese colapso que se viene produciendo en el área de Contratación y que hace semanas ya denunciaban en este periódico sindicatos y grupos políticos. Los contratos que se necesitan para el funcionamiento normal del Ayuntamiento y sus servicios no están saliendo en el plazo debido, lo que deriva en este problema añadido que son los reparos de Intervención a que se sigan pagando facturas a los proveedores que siguen trabajando sin contrato en vigor.

El cambio de legislación (en lo referente a la Ley de Contratos del Sector Público) es el otro gran causante de estos reparos, al no adaptarse las facturas a lo dispuesto desde la entrada en vigor de la normativa el pasado enero. En todos los casos se refieren a los contratos menores, y básicamente se pueden reducir a dos las cuestiones que ocasionan los reparos en este sentido: de un lado, la condición de que un proveedor no puede emitir una factura por importe superior a 15.000 euros (techo habilitado para un contrato menor, cuando se trate de suministros o de servicios); y de otro, quizás más repetido en la casuística del Ayuntamiento gaditano, que un mismo proveedor no puede emitir más de una factura al año. En caso contrario, se estima que ese contrato no es puntual y, por tanto, requiere de un proceso de contratación con la correspondiente oferta pública.

Conviene señalar que a nivel económico, el grueso principal de los reparos de Intervención corresponden al servicio de limpieza y recogida de basuras, que desde el pasado mes de julio se viene prestando fuera de contrato y de las prórrogas legalmente establecidas en un principio. Genera esto una factura mensual de 1.371.608,91 euros (lo que suma ya 4.114.826,73 euros en los meses de agosto, septiembre y octubre, lo que irá incrementándose en los años posteriores).

En este sentido, recuerda la Intervención que por el momento no se ha aprobado un nuevo expediente de contratación y sin que tampoco se haya solicitado la fiscalización del nuevo expediente, “circunstancia que dificulta el que la duración de esta excepcional continuidad del servicio al margen de la contratación administrativa y de la concurrencia sea la menor posible, e incluso que pueda contarse con un nuevo contrato adjudicado en el plazo máximo de un año acordado por el pleno”, dejando constancia en su informe que el reconocimiento de la obligación de pago de las facturas mensuales a la UTE Sufi Cointer “no responde a un contrato administrativo en vigor”. No obstante, estos reparos no son de manera suspensiva, autorizándose al pago de las facturas en base a la necesidad imperiosa de este servicio.

No obstante, si se extrajeran las facturas de la limpieza de la ciudad de la problemática de los reparos de Intervención, la situación seguiría siendo llamativa, con casi dos millones de euros puestos en duda por este órgano fiscalizador de la gestión municipal.

El alcalde ha levantado mediante decreto 30 de los 45 informes de reparo emitidos por Intervención

Hasta 45 informes de reparo ha elevado Intervención en el presente año, aunque en algunos casos esos informes corresponden a facturas emitidas el pasado ejercicio. Algunos de esos informes, conviene reseñar, van referidos a varias facturas de un mismo proveedor, o a facturas diferentes relacionadas con un mismo servicio. De ellos, hasta en treinta ocasiones el alcalde levanta esos reparos mediante la fórmula de decreto, como de hecho recoge la normativa y siempre argumentando la necesidad de seguir prestando ese servicio a la ciudad pese a la ausencia de contrato en vigor, trasladando además las instrucciones de que se tramite de manera urgente los citados contratos que estén siendo objeto de reparo por la Intervención municipal.

Esos treinta decretos del alcalde –aunque hay algunas excepciones en que el decreto viene firmado por el concejal de Hacienda, David Navarro, o la concejal de Educación, Ana Fernández– contabilizados en la documentación a la que ha accedido este periódico suman una partida de 850.417,05 euros. Esto es, prácticamente la mitad de esos dos millones de euros (si no se contabilizan las facturas que mensualmente emite Sufi Cointer). Lo que quiere decir, al mismo tiempo, que el alcalde no ha emitido ‘contraorden’ al reparo de Intervención en facturas que suman 921.785,27 euros; por lo que su abono está actualmente en suspenso.

Esta situación que se está generando con los contratos municipales, especialmente los menores, y con la relación entre el Ayuntamiento y los proveedores guarda relación directa con la decisión que el equipo de gobierno adoptó el pasado mes de agosto de derogar las instrucciones sobre la tramitación de estos contratos menores; esas instrucciones funcionaban a nivel interno como un procedimiento que de alguna manera velaba por el cumplimiento de la normativa en una primera fase, una especie de cortafuegos para evitar precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad: que en una primera fase las distintas delegaciones están realizando estas contrataciones que en una segunda fase, a la hora de liberar el pago, reciben el reparo por parte de la Intervención municipal. Y la previsión es que el montante económico de seis millones de euros no haga sino aumentar con el paso de los meses.