El Ayuntamiento de Cádiz derogó en la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de agosto las instrucciones sobre la tramitación de contratos menores en el Consistorio. Esto se aprobó a propuesta del propio alcalde, José María González, que lo llevó en las urgencias de la sesión sin que estuviera avalado por ningún técnico municipal.

Esto significa que a partir del 1 de septiembre no hay ningún método concreto para poder hacer contratos menores en el Ayuntamiento de Cádiz hasta que no se redacte una nueva, por lo que tendrán que acogerse a los mínimos que marca la normativa nacional, que indica que se define contrato menor siempre que no supere los 40.000 euros cuando se trate de obras, o 15.000 euros cuando sean de suministro o servicios. Además de ello, también se establece que a partir de ese momento las unidades responsables de la tramitación de los contratos menores serán las áreas o servicios competentes según la materia de la que se trate.

Otros ayuntamientos, como Madrid, también lo han hecho pero han creado otras nuevas

Hasta ahora las instrucciones que se manejaban a nivel municipal databan de agosto de 2015, que fue cuando llegó Podemos al Ayuntamiento, pero eran prácticamente una copia de las que ya tenía el Partido Popular, que se consideraban contratos menores cuando eran de importe inferior a 50.000 euros en el caso de las obras, y 18.000 en suministros y servicios.

La justificación que dio el alcalde en el expuesto que entregó en la Junta de Gobierno Local es que la nueva ley de Contratos del Sector Público buscaba tener unos procedimientos de contratación más transparentes y competitivos "pero por el momento, la excesiva carga de trabajo está provocando el efecto contrario: el bloqueo y la falta de celeridad en la tramitación de expedientes". A ello se le suma lo que entiende como una falta de medios humanos y materiales en las administraciones locales en general y en el Ayuntamiento de Cádiz en particular.

En el expuesto se señala que precisamente los contratos menores son uno de los perjudicados por la nueva regulación y por la falta de medios. Ante lo que califica como "imperiosa necesidad" de dedicar los recursos existentes a los contratos más grandes porque requieren de más complejidad", se está produciendo "un atasco" en la adjudicación de los contratos "cuya masa no ha descendido de manera significativa pues apenas se ha producido una reducción en el importe fijado".

Las instrucciones, según lo que manifestaba José María González en el mencionado expuesto, era dotar de una mayor transparencia y concurrencia a este tipo de adjudicaciones, "que no gozaban de las necesarias garantías a este respecto con la legislación anterior". Así, afirma que la entrada de la nueva Ley de contratos modifica este escenario "y convierte en obsoletas dichas instrucciones". En este sentido, cree que las instrucciones en vigor han de ser reformuladas "prescindiendo de determinadas obligaciones impuestas que, si bien con la normativa anterior podían tener sentido, la nueva legislación ha dejado totalmente desactualizadas". González asegura que en los tres años de mandato, las instrucciones que ahora se derogan "no son lo suficientemente oportunas para garantizar la celeridad suficiente en las adjudicaciones y ejecuciones". Por ello aboga por la redacción de unas instrucciones nuevas que, en consonancia con la nueva normativa nacional y comunitaria y con los recursos existentes en el ayuntamiento "permita un desarrollo eficaz y eficiente de los procedimientos de adjudicación de contratos menores".

Esta derogación de instrucciones se ha producido en otros lugares, como es el caso de Madrid, donde también gobierna Podemos, pero con la diferencia de que el final de unas ha venido acompañada de la aprobación de otras. En la capital, por ejemplo, una de las cosas que ha causado más polémica ha sido la de eliminar la petición de tres presupuestos antes de proceder a la ejecución.

Si no se sacan nuevas instrucciones de aquí al 1 de septiembre, Cádiz no tendrá un método y todo quedará a la voluntad de cada delegación, sin que haya una coordinación entre todas ellas. Por ejemplo, la nueva norma establece que una misma empresa no puede superar los 14.999 euros en el año en todo el Ayuntamiento.