Ayuntamiento de Cádiz Un convenio puesto en entredicho por Intervención

  • Intervención tumba un acuerdo con una entidad presidida por la hermana de la edil Eva Tubío por diversos defectos o irregularidades

  • El alcalde no ha levantado el reparo

El alcalde, el día que firmó el convenio con la presidenta del colegio de Trabajadores Sociales El alcalde, el día que firmó el convenio con la presidenta del colegio de Trabajadores Sociales

El alcalde, el día que firmó el convenio con la presidenta del colegio de Trabajadores Sociales

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En el casi medio centenar de expedientes de reparo que Intervención ha generado entre enero y agosto llama la atención la presencia entre los contratos que son objeto de rechazo por este área fiscalizadora de un acuerdo suscrito con el Colegio Profesional de Diplomados de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Cádiz para el desarrollo de la primera edición de las jornadas provinciales Nuevas perspectivas para los Servicios Sociales (que se celebró los pasados 3 y 4 de mayo).

Explica el informe de Intervención al que ha tenido acceso este periódico que en marzo se recibió propuesta de contrato menor por importe 5.004,56 euros para el desarrollo de esas jornadas, “no tratándose en caso alguno de un contrato menor”, señala Intervención. Primer toque de atención.

Ese contrato menor se fundamentaría en el convenio marco de colaboración que en julio de 2017 firmaron el Ayuntamiento y ese colegio profesional de Trabajadores y Asistentes Sociales –presidido por Pilar Tubío, hermana de la concejal de Ganar Cádiz y miembro del equipo de gobierno Eva Tubío–. “Por definición no puede comportar ninguna obligación por parte del Ayuntamiento”, indica Intervención en relación a la figura del convenio marco (segundo toque), que además “indica de forma expresa que los supuestos de cesión de espacios que puedan desarrollarse al amparo del mismo no pueden suponer coste alguno para el Ayuntamiento” (tercer toque).

El cuarto toque de atención que desde Intervención se lanza en relación a este expediente guarda relación con la ausencia de firma tanto en el borrador de informe como en la propuesta de convenio de colaboración que se acompañaba a esa propuesta de contrato menor, “que no se atiene a la normativa vigente” (quinto toque).

Prosigue el informe de reparo señalando que el borrador de convenio presentado (sin firma) “establece únicamente obligaciones a cargo del Ayuntamiento y que son además contrarias al convenio marco”, no aclarándose además si la actividad la organiza ese colegio profesional “con o sin la colaboración del Ayuntamiento” (sexto toque).

Intervención plantea que podría tratarse de una subvención en lugar de un contrato menor

Tal es la situación de la fórmula recurrida por el área de Servicios Sociales, que Intervención llega a plantear que se trata de una subvención al establecerse en el convenio únicamente obligaciones para el Ayuntamiento, “pero tampoco se tramita como tal” (séptimo aviso en un mismo informe), concluyendo con ese reparo que da lugar a la suspensión de la tramitación a finales de abril.

En el expediente se pone de manifiesto que además de las obligaciones dinerarias que el Ayuntamiento inicialmente asumió –rechazadas luego por Intervención– el colegio de Trabajadores Sociales establecía una cuota de 35 euros por participante. La aportación económica pretendida del Ayuntamiento se dirigía a costear el espacio físico (el Palacio de Congresos), los desayunos que se ofrecían en las jornadas, el diseño de la cartelería y otros elementos y la difusión de la actividad.

Así lo explica en un informe el director técnico del área de Asuntos Sociales, indicando que se propuso esta fórmula del contrato menor “por ser de más fácil tramitación”. Según este técnico, el colegio profesional se haría cargo de la contratación de las ponencias (incluyendo traslado, alojamiento y pago a ponentes) “que en un principio se había pensado que asumiera el Ayuntamiento”. De ahí, sigue aclarando el técnico en un informe fechado en junio, que la entidad organizadora “cobre una cuota que equilibre sus cuentas”. “Nosotros no hemos puesto reparo ya que también entendíamos que el pago de una cuota, razonable, mejora los factores asociados al compromiso con el acto, evitando inscritos que no muestren un mínimo interés, más allá de rellenar la inscripción”, justifica el área municipal de Asuntos Sociales, que asegura que la organización de esas jornadas provinciales se diseñaron y acordaron mediante “múltiples reuniones al mayor nivel” entre Asuntos Sociales y el colegio de Trabajadores Sociales.

Hasta en tres ocasiones rechazó Intervención una reserva de crédito para las jornadas

A lo largo de la tramitación anterior y posterior a esas jornadas celebradas los días 3 y 4 de mayo el área de Asuntos Sociales intentó al menos en tres ocasiones obtener la reserva de crédito que permitiera abonar al colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales esa partida dirigida a costear esta actividad. Curiosamente, en cada uno de los tres casos comprobados por este periódico se solicitaban cantidades distintas, desde esos 5.044,56 euros que coinciden con el reparo de Intervención fechado en abril (con objeto de “disponer de un espacio grande y dinámico para celebrar las jornadas de Trabajo Social, salón de actos y salas para proyectar los ponentes”, todo ello con previsión de asistencia de 120 personas) a los 6.250,87 euros solicitados en julio para esa misma actividad (aunque la previsión de asistencia subía hasta las 140 personas). En mayo se realizó otro intento de reserva de crédito de 5.972,56 euros.

En todos los casos, la Intervención del Ayuntamiento rechazó esta solicitud de reserva de crédito, lo que se une al rechazo también de la tramitación del contrato menor sobre el que Asuntos Sociales quiso sustentar el acuerdo de colaboración para el desarrollo de esas jornadas provinciales sobre Trabajo Social.Numerosos reparos, por tanto, para un convenio que Intervención deja en entredicho y que, de hecho, no se localiza entre aquellos expedientes de reparo que el alcalde ha levantado mediante decreto (lo cual ocurría en 30 de los 42 casos que se han producido entre enero y agosto de este año).

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