La implantación del nuevo sistema de aparcamiento que el Ayuntamiento viene aplicando en los últimos años fruto de ese plan de Movilidad que está llevando a término ha tenido en los últimos días las primeras reacciones de rechazo, protagonizadas por los vecinos y comerciantes de la zona de Los Porches. A ellos se unen los vecinos del Paseo Marítimo, que están estudiando llevar esta regulación de aparcamientos a la Fiscalía, ya que consideran que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un enriquecimiento injusto de la administración y, por tanto, en prevaricación.

La clave del escenario que plantean estos vecinos, los que aglutina la nueva asociación El Balneario (desde Ingeniero La Cierva hasta Cortadura), es la obligación de contar con tarjeta de residente para estacionar en la zona verde habilitada en las calles adyacentes al Paseo Marítimo. En total, la entidad contabiliza 44 plazas de zona verde, algunas de ellas compartida con zonas de carga y descarga; y ninguna de zona naranja, modalidad que también busca beneficiar a los residentes. “Ni siquiera podemos usar la zona naranja de Muñoz Arenillas, pues nos han dejado fuera de ese ámbito de influencia”, trasladan a este respecto.

Teniendo esto en cuenta, por un lado, la asociación apunta también al elevado número de viviendas que hay en toda esa zona de influencia de las 44 plazas de zona verde. “Somos más de 10.000 vecinos censados para 44 plazas de aparcamiento”, precisan. Y en base a todo ello, se preguntan: “¿Cuántas tarjetas para residentes de nuestra zona puede expedir Emasa? ¿Cuántas se han dado ya?”.

“Están vendiendo humo desde el Ayuntamiento, nos están ofreciendo tarjetas de residente por más de 70 euros cada uno para ofrecernos solo 44 plazas. Nos están engañando, porque tiene que haber un desfase tremendo entre las tarjetas dadas y las plazas disponibles”, aseveran los representantes de esta entidad vecinal, que considera que existe un único afán recaudatorio por parte de la empresa municipal de aparcamientos y, en cierto modo, una privatización de la vía pública con fines exclusivamente económicos. Es decir, un “enriquecimiento injusto” del Ayuntamiento a costa de este estacionamiento regulado en la vía pública.

Los vecinos señalan incluso el Código Penal y el artículo 437 como una de las fuentes de consulta para elevar a Fiscalía esta situación. Ese artículo, en concreto, dice que la autoridad “que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años”. Y estos vecinos entienden que lo que viene ocurriendo con Emasa son tarifas indebidas.

Escrito al Defensor del Pueblo

A la espera de tomar una decisión definitiva sobre Fiscalía, lo que sí van a llevar a cabo desde la asociación El Balneario es elevar un escrito al Defensor del Pueblo “diciéndole lo que está pasando en Cádiz con el aparcamiento y lo que está haciendo el Ayuntamiento, que nos está hurtando los derechos que tenemos como ciudadanos, y en concreto el derecho de libertad de movilidad con el coche, por el que ya pagamos nuestros impuestos”.

“No se puede pintar una raya del color que quiera uno y repartir todas las tarjetas posible. No puede ser tan fácil esto”, concluyen los vecinos, convencidos de que se está produciendo un enriquecimiento injusto de la administración que percibe ingresos “que en ningún caso garantiza al pagador el disfrute de aquello por lo que paga”. Especialmente en su zona, donde miles de vecinos deben disputarse 44 plazas de zona verde.