Cambio sustancial en la gestión de la vivienda pública en Cádiz, La imposibilidad que tiene Procasa de acceder, desde 2014, a la financiación bancaria, reduce de forma sustancial la capacidad de actuación del Ayuntamiento en un tema tan importante en la ciudad y le obliga a buscar nuevas alternativas de financiación.

“Hasta ahora se ha actuado con fondos propios, a pulmón, reactivando la rehabilitación de varias fincas en el casco antiguo y proyectando nuevas actuaciones”, como la que se anuncia en Santiago 11, una promoción paralizada desde hace más de una década. Sólo se han logrado fondos de la Junta y del Estado en una promoción muy especial en la calle Marañón, con un proyecto con una clara apuesta por la sostenibilidad, destaca Eva Tubío, edil de Vivienda.

Todo ello es, sin embargo, insuficientemente para las necesidades de viviendas sociales que tiene Cádiz, y más ante la ausencia de inversiones por parte de la administración regional. Buscando nuevas fórmulas, el alcalde, José María González, y Eva Tubío, han mantenido un encuentro con promotores y agentes inmobiliarios para analizar la situación del sector de la vivienda en Cádiz. Una reunión novedosa que ha sido muy bien valorada por los empresarios privados.

Sobre la mesa se han puesto varias ideas con las que se pretende poner en el mercado los solares y fincas vacías propiedad del Ayuntamiento, tanto en el casco antiguo como en Puerta Tierra, sobre las que no se puede actuar por falta de financiación pública.

La idea es cerrar convenios entre el Ayuntamiento y promotores privados en una actuación que solo ha sido utilizada en una ocasión por la Junta, durante el gobierno del PSOE, en una finca de Cristóbal Colón.

Según destaca a este diario Eva Tubío “una fórmula que estamos viendo es ofertar suelo a promotores privados para que estos asuman la construcción de las viviendas y se queden a cambio con un número de ellas en proporción al coste de la obra y suelo, mientras que el resto se sumaría al parque público de viviendas”.

Procasa estudia una segunda modalidad. En este caso la propiedad seguiría en manos del Ayuntamiento, mientras que la promotora privada encargada de las obras se beneficiaría de la explotación de las viviendas en alquiler resultantes de la operación durante cincuenta años.

En este caso, la adjudicación de estos pisos se realizaría a través del Registro Municipal de Viviendas Protegidas (donde hay más de 5.000 apuntados), manteniendo la limitación en el importe de la renta a pagar y, también, asumiendo que transcurrido el tiempo negociado las viviendas volverían a la gestión del Ayuntamiento o de su empresa Procasa.

Una tercera propuesta se centra en la licitación de los suelos o bien para su venta o bien para la cesión de uso para cooperativas de jóvenes o viviendas colaborativas de mayores. En su día, la Junta también estudió esta idea para la promoción de Troilo en el barrio de Santa María, aunque finalmente no salió adelante.

Esta colaboración pública-privada, pasando por el proceso de licitación y oferta pública, ha sido muy bien recibida por los promotores privados.

Lo cierto es que tras el parón provocado por la crisis financiera e inmobiliaria, la iniciativa privada ha sido la que ha tirado, y cada vez con más fuerza, de la construcción, con nuevas promociones en toda la ciudad.

Uno de los promotores que acudieron a la reunión, Enrique Arroyo, que gestiona una de las empresas más activas en la ciudad y que dispone también de un elevado parque de pisos en alquiler, ya ha previsto un encuentro entre técnicos del área municipal de la vivienda y promotores interesados en cerrar acuerdos para nuevas obras.

“Hay empresarios interesados en invertir en Cádiz. Ya hemos planteado al Ayuntamiento una reunión para ver qué posibilidades de actuación hay, asumiendo por supuesto que todo debe sacarse a concurso público”, serían operaciones en fincas pequeñas, y por lo tanto con un número muy limitado de viviendas, sobre el que están interesados inversores que no encuentran inmuebles de este tipo de propiedad privada.