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Cádiz

La Junta baraja las oficinas de Altadis para albergar la Ciudad de la Justicia

  • El delegado de la Junta, Fernando López Gil, "no descarta" el traslado a la extinta fábrica de tabaco El edificio del INEM no se derribará al final

La infraestructura judicial gaditana está inmersa en un proceso de renovación con el que se pretende mejorar el servicio de Justicia y dar respuesta a las demandas tanto de la ciudadanía como de los propios profesionales y funcionarios de esta administración que, en algunos casos, acumulan más de una década a la espera de respuesta.

Dentro de esa fase de transformación cobran un protagonismo especial dos proyectos de gran relevancia para la provincia: la Ciudad de la Justicia de Cádiz y su posible traslado a las oficinas de Altadis y la puesta en marcha de las nuevas dependencias judiciales de San Fernando.

Una de las reclamaciones más antiguas (y por ende sangrante) en lo que a equipamientos judiciales se refiere es la Ciudad de la Justicia de Cádiz, un complejo del que se viene hablando desde 2001 y cuyas obras se anunciaron para 2004. Hoy, trece años después, lo único que existe es un solar en la calle Tolosa Latour de la capital gaditana, donde aún se mantiene en pie el antiguo edificio del INEM, que colinda con la calle Granja de San Ildefonso.

Tanto el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, como el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, han coincidido en apuntar que, hoy por hoy, la Ciudad de la Justicia está en stand by. Por un lado, desde la Administración aseguran que "ya no pueden destinar más fondos propios" a esta iniciativa. Por otra parte, subrayan que "no se encuentran empresas que quieran participar en este tipo de obras dada su baja rentabilidad".

La fórmula de financiación público-privada (la adjudicataria asume el coste de la obra y la Administración abona una especie de alquiler periódicamente por la disponibilidad del inmueble) no cuaja tampoco para esta infraestructura judicial, a diferencia de lo que ocurre con la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde La Caixa parece que va a desbloquear la financiación de este equipamiento dentro de un convenio firmado con la Junta de Andalucía.

No obstante, desde la Administración andaluza insisten en que la Ciudad de la Justicia de Cádiz "no está parada". "Seguimos buscando alternativas para que a medio plazo este proyecto sea una realidad", ha explicado López Gil.

Esa búsqueda de soluciones ha llevado a la Junta a plantearse una serie de opciones, entre las que se baraja la posibilidad de trasladar la Ciudad de la Justicia a las oficinas de Altadis, a la entrada de Cádiz, en concepto de alquiler.

Según ha argumentado el delegado del Gobierno, "estamos informándonos y estudiando las características de este espacio para albergar en él alguna sede administrativa. No descartamos ni la Ciudad de la Justicia ni ningún otro emplazamiento público". De momento ha especificado que "no hay una finalidad concreta".

Existen, por tanto, varias propuestas sobre la mesa -entre ellas, la sede de la extinta fábrica de tabaco- a la espera de que se adopte una medida que cumpla con las expectativas tanto financieras como de espacio y ubicación.

Ahora bien, hay una decisión que la Junta ya ha tomado: el antiguo edificio del INEM ubicado en el solar de Tolosa Latour no será derribado. López Gil ha explicado a este medio que "una parte de este inmueble va a ser adecuado con idea de que acoja un archivo de la Administración". Para ello se va a realizar una inversión de 60.000 euros. "El edificio se encuentra bien a nivel de estructuras, de ahí que hayamos decidido acometer una serie de arreglos con un presupuesto económicamente viable y crear así un archivo que aliviará espacio y ahorrará el coste de nuevos alquileres, pues la Junta tiene mucho papel que guardar por ley".

De otra parte, el otro gran proyecto de remodelación por el que ha apostado la Administración autonómica son las dependencias judiciales isleña. Lo cierto es que la pésima situación de los Juzgados de San Fernando es crónica. "Son, sin duda, las peores instalaciones de toda la provincia", afirmó ayer el alcalde y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, al hacerse eco de las graves deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo.

El regidor isleño, en este sentido, recordó que desde hace años la Junta de Andalucía cuenta con una amplia parcela municipal en la avenida Constitución que se cedió para la construcción de la nueva sede judicial, un proyecto que nunca ha llegado a materializarse. Ahora, apuntó, se habla de trasladar los Juzgados a unas instalaciones adecuadas en alquiler, para lo que desde 2012 busca un edificio que reúna los requisitos adecuados.

Desde el Gobierno municipal se reclamó de nuevo ayer a la Administración andaluza que agilizara el proceso todo lo posible para acabar con una situación que hace tiempo resulta insostenible tanto para los profesionales que a diario trabajan en las instalaciones de la plaza de San José como para los ciudadanos que tienen que acudir para solventar cuestiones judiciales.

El demoledor informe de la Inspección de Trabajo, a juicio de Loaiza, confirma que "tenían razón" abogados, procuradores, trabajadores, representantes sindicales y colectivos ciudadanos, además de distintos partidos y el propio Ayuntamiento en las denuncias que durante tanto tiempo venían haciendo acerca de la lamentable situación que presentan los Juzgados isleños y en la necesidad de dar una solución urgente.

Desde el Ayuntamiento isleño, además, se pide a la Junta que dé detalles sobre la operación que tiene prevista para acometer el traslado de la sede judicial y que especifique si dicha actuación es provisional, para remediar las carencias apremiantes de las instalaciones de la plaza de San José, o tiene un carácter definitivo, lo que supondría que abandona el proyecto para la construcción de los nuevos Juzgados. En ese caso, el Consistorio pedirá la devolución de la parcela municipal cedida en la avenida Constitución para su utilización con otros fines. "La Junta tiene que explicar si este traslado del que habla ahora es provisional y, si es así, aclarar por cuánto tiempo se prevé esta alternativa, o concretar si se trata de un realojo definitivo, lo que nos llevaría a plantear que se devolviera la parcela de la avenida Constitución", explicó Loaiza.

Por otro lado, sobre la precaria situación de los Juzgados isleños también habló ayer el delegado del Colegio de Abogados en San Fernando, Antonio Moreno Sierra, que recordó que las carencias que denuncia la Inspección de Trabajo son harto conocidas y denunciadas desde hace tiempo. "No eran, desde luego, un secreto. Lo ocurrido ahora no hace sino ponerlas en evidencia", precisó.

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