El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, afirma, en relación a la posible ubicación de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de Altadis en Cádiz, que la Junta "no descarta nada" y que "es una posibilidad", aunque ha asegurado que el Gobierno andaluz "desde luego no hará nada que sea en contra del criterio del Ayuntamiento de Cádiz, pues el desarrollo de cualquier actividad en la ciudad tiene que se producto del consenso".

En rueda de prensa, el delegado de la Junta en Cádiz ha explicado que fue Altadis "la que ofreció a la Junta el espacio que ocupa en la ciudad para el desarrollo de diferentes actividades que el Gobierno andaluz pudiera tener en cartera en los próximos años", y que es "en ese marco" en el que representantes de la Junta visitaron las instalaciones.

En este sentido, ha indicado que, en esa visita, los representantes de la Junta "comprobaron que, además del suelo industrial, existe un espacio que puede combinar el uso industrial con la actividad administrativa", y ha detallado que "son más de 30.000 metros cuadrados de actividad administrativa y más 10.000 metros de aparcamiento subterráneo perfectamente desarrollados".

Asimismo, ha desvelado que Altadis "se encomendó a hacer una propuesta de desarrollo, de movilidad interna, de adecuación para actividad administrativa, etc." tras la visita, que la Junta realizó "para conocer un espacio que puede tener interés, en tanto que la Junta tiene dependencias administrativas alquiladas en la ciudad, proyectos de futuro en la ciudad y necesidades de mejora del servicio a los ciudadanos".

No obstante, López Gil ha criticado que "simplemente porque una empresa haga una propuesta de una oferta de suelo" a la Junta, se encuentre "el deseo de una confrontación por parte del Ayuntamiento de Cádiz; un mal camino porque es una propuesta positiva para la ciudad que daría respuesta a problemas de la ciudad y que generaría actividad económica importante", en referencia a las declaraciones de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que la semana pasada se mostró en contra de que la Ciudad de Justicia se ubicara en los edificios de oficinas de Altadis en la Zona Franca de Cádiz.