1823, las Cortes de nuevo en Cádiz

EL 14 de septiembre de 1813 las Cortes Generales y Extraordinarias se clausuraron en Cádiz, dando así por terminada una intensa labor legislativa iniciada en la Isla de León el 24 de dicho mes de 1810. Curiosamente, diez años después, las Cortes de la Nación volvían a reunirse en la ciudad en circunstancias parecidas, pero con un trasfondo político radicalmente distinto.

Tras dejar Madrid, ubicadas en la sevillana iglesia de San Hermenegildo, comenzaron sus sesiones en medio de constantes recelos por las noticias adversas que se recibían de la invasión francesa y por los rumores sobre intentonas absolutistas. Ante el peligro de que el Rey cayera en manos del enemigo, la decisión de más calado que tomaron aquellas Cortes, debida a la iniciativa del diputado gaditano Antonio Alcalá Galiano, fue la de inhabilitar temporalmente a Fernando VII en aplicación del artículo 187 de la Constitución (“cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física o moral”). En su lugar se nombró, en medio de una gran polémica pero con el casi total acuerdo entre los diputados moderados y exaltados más destacados, una Regencia que temporalmente asumiría sus funciones. A continuación, con la presencia de los franceses cada vez más cercana, Rey, Gobierno y Cortes, así como las instancias superiores del país, emprendieron su viaje a Cádiz.

En medio de esta precipitación, todavía hubo en los muelles de Sevilla atentados y destrozos causados a los constitucionales rezagados, con destrucción de papeles y libros, aunque en verdad no hubo muertos. Buena muestra de ello fueron las quejas y pesares del bibliófilo Bartolomé José Gallardo por la pérdida de sus manuscritos y libros, así como del científico y director del Real Jardín Botánico, Mariano Lagasca, diputado a su vez por Aragón, que perdió todo su herbario y gran parte de sus investigaciones.

Ni que decir tiene que, todo este traslado institucional a Cádiz solo sirvió para la prolongación del sistema constitucional durante tres meses y medio más.

Un Parlamento ficticio

Las Cortes, una vez instaladas en Cádiz, prosiguieron su andadura legislativa con una primera sesión extraordinaria celebrada en el Oratorio de San Felipe el día 15 de junio a las seis de la tarde. Bajo la presidencia del diputado barcelonés Tomas Gener, elegido para tal cargo el día 13, se acordó, por una resolución del día anterior en San Fernando, que el Rey debería reasumir sus funciones tan pronto como fuera posible, habida cuenta de que su inminente llegada a Cádiz se esperaba para ese mismo día.

Asimismo, se reprobaron todos los desmanes habidos en Sevilla contra el gobierno constitucional, acordándose “se tomasen desde luego las más severas providencias para ejemplar escarmiento”.

Sin embargo, a partir de aquí y a pesar de los esfuerzos de sus diputados por dar una apariencia de normalidad, lo cierto es que, cada día que pasaba, lo comprometido de la situación hacía que gran parte de sus resoluciones quedaran poco menos que en papel mojado ante la incontrovertible realidad. Estas Cortes vieron diezmados muchos de sus componentes, bien porque no pudieron o no quisieron acudir a Cádiz, aunque de forma eufemística el presidente justificaba sus ausencias “por hallarse indispuestos” o porque al parecer “algunos de habían dirigido equivocadamente a San Fernando”. Aún así, siempre con entusiásticas muestras de acatamiento a la Constitución de 1812, celebraron sus sesiones de manera continua, casi intermitente, en una especie de ficción parlamentaria donde no se sabía muy bien para quién se estaba legislando, habida cuenta de que muchos de sus acuerdos no conseguían el menor eco al no existir ya destinatario alguno. A pesar de todo, son dignos de mención algunos intentos renovadores en materia económica y hacendística, debidos principalmente al diputado Canga Argüelles.

Causa especial asombro, rayano en el surrealismo, el que en esa situación límite las Cortes todavía legislaran sobre cuestiones tan variopintas como el establecimiento de escuelas náuticas, la formación de una subdelegación para los municipios cubanos o la supresión de los pósitos o almacenes de grano... Ingenuamente, hasta se facultó al diputado Lagasca a viajar a Sevilla a fin de recuperar buena parte de sus manuscritos y libros perdidos. Como colofón a este disparate, en la sesión del 20 de junio se presentaría el proyecto de presupuesto para “Gobernación de la Península del próximo año de 1824”, cifrado en un montante de 19. 508.550 reales y 4 maravedíes.

La cuestión americana

En cambio, un tema espinoso, donde los haya, fue el debate sobre la realidad, nada halagüeña por cierto, en que se encontraban los territorios españoles de Ultramar, habida cuenta de que, a esas alturas de 1823, el proceso independentista prácticamente se había consumado, significando la batalla de Ayacucho del año siguiente el punto final a todo ello. En la sesión del 3 de agosto se planteó la cuestión, habiendo casi unánime dictamen en que la revolución americana, en velada acusación contra Inglaterra, comenzó “desde el momento en que los extranjeros pusieron pie en ella”, aunque, esos territorios, en sus afanes emancipadores, no estaban tan unidos “como se les supone”, habiendo hasta algunos de ellos en los que “se reconoce aún el gobierno constitucional de España”. Finalmente, tras un debate desigual, las Cortes acordaron que aquellos momentos por los que se atravesaba no eran los más adecuados para tratar una cuestión de semejante calibre y sin garantías de solución.

Resultaba evidente que la labor legislativa de las Cortes del Trienio Liberal se vio impotente ante la situación heredada con anterioridad dentro del propio conflicto insurreccional americano. Igualmente se creyó que dotando a la nacientes repúblicas americanas de una Constitución como la de 1812 el problema desaparecería como por ensalmo. No llegaron a calibrar, pues, que dicho problema no estribaba ya en un mero cambio de régimen, sino en una cuestión de soberanía propia, a pesar de las intensas negociaciones que llevaría a cabo el general Álava, sobre todo, con los ingleses.

Incluso, una vez admitida la pérdida de las colonias, se pensó en un intento de aproximación bajo la forma de una posible confederación, que desde el primer momento no gozó de especial convicción. La poca viabilidad del proyecto se puso de relieve en puntos tan importantes como las condiciones de igualdad, mutuas soberanías, legislación, hacienda... En definitiva, una causa perdida que las Cortes no estaban en condiciones de reconocer.

Fernando VII clausura la legislatura

Como la temporalidad de la legislatura llegara a su fin, las Cortes acordaron que se llevara a cabo la solemne sesión de clausura el 5 de agosto, aunque, dadas las circunstancias, sin ningún tipo de boato por la carencia de medios en una ciudad asediada. Sorpresa y gran extrañeza causó el comunicado real que anunciaba la intención de Fernando VII de acudir a dicha sesión y pronunciar personalmente su correspondiente discurso. No era para menos si tenemos en cuenta que el Rey, siempre renuente a pisar las Cortes, desde 1821 no había hecho allí acto de presencia y durante su estancia en Cádiz había recibido en muy contadas ocasiones a las preceptivas Diputaciones del Congreso que iban a visitarle al Palacio de la Aduana. Con una cierta afabilidad, mezclada con alguna que otra actitud displicente, las recibía para sancionar los decretos o leyes correspondientes y en días muy señalados con ocasión de cualquier acto conmemorativo, siguiendo el protocolo al uso.

La anunciada presencia del Rey acució, aún más si cabe, la necesidad de adornar con cierta dignidad el Oratorio que servía de salón de sesiones, para lo que se solicitó colgaduras de alguna iglesias y otros adornos que fueron prestados para la ocasión por el propio Ayuntamiento. Con cierta sorna, Alcalá Galiano escribe en sus Memorias que, incluso, hubo que tapar las imágenes de los santos “para no disgustar a la reina, su consorte, cuya devoción era extremada y nimia”. Con todo, el diputado gaditano concluye su relato resaltando que el templo “quedó adornado como mejor se pudo”.

Las salvas y redobles de tambor anunciaron la presencia del Rey, que pisaba por primera vez el Oratorio, el día convenido, siendo recibido a su llegada con todos los honores. Con recia voz y leyendo muy despacio, Fernando VII comenzó su discurso, obviamente elaborado por el Gobierno, elogiando a los diputados, “dignos representantes que han sabido distinguirse en la presente legislatura”, pasando a expresar “sus ardientes votos para que salgamos vencedores de esta lucha” y finalizando con sus deseos de conseguir una “paz honrosa”. En su contestación, el presidente de las Cortes, Pedro Juan de Zulueta, diputado por Cádiz, expresó también una serie de supuestos grandilocuentes tales como que las Cortes habían cumplido “religiosamente con sus deberes” y que todos seguirían contribuyendo por “arrojar a los invasores al otro lado del Pirineo”.

Sin embargo, dado lo excepcional de la situación, las Cortes acordaron constituirse en Extraordinarias al día siguiente bajo la presidencia de José Ramón Becerra, diputado por Galicia. Así continuaron hasta el 12 de septiembre, en que “suspendían sus sesiones sin perjuicio de reunirse cuando se considerase necesario”. Así, hay constancia de una nueva sesión el 18 de septiembre, quedando finalmente las Cortes “en secreta”.