El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) contra el concejal de Urbanismo, Martín Vila, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión del conflicto existente entre los chiringuitos y el Ayuntamiento de Cádiz. Más concretamente, las discrepancias entre las partes se centraban en el cambio de criterio efectuado por el Consistorio gaditano sobre la superficie que pueden ocupar los establecimientos playeros. 

De esta forma, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, sigue en su auto el criterio de la Fiscalía, que ha solicitado su archivo por "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa". 

Aunque existe la posibilidad de la presentación de un recurso de reforma en el plazo de tres días desde la notificación del citado auto a las partes, con fecha de 24 de junio, y de un posterior recurso de apelación, la causa tiene poco recorrido en esta instancia debido a que la juez señala en los razonamientos jurídicos que, siguiendo la petición del Ministerio Público, acuerda el sobreseimiento provisional de la querella porque no hay "otras acusaciones personadas", por lo que recuerda que "es necesaria la existencia de acusación para que pueda seguir adelante el procedimiento". 

De esta forma, y a la espera de si se interponen los recursos pertinentes, la magistrada da carpetazo provisional a unas diferencias que nacen del propósito de los chiringuitos de la ciudad de ampliar la superficie de sus establecimientos y el plazo de las concesiones, y la apertura durante todo el año de sus negocios más allá de lo que se indica en los pliegos de condiciones por los que se hicieron con la explotación de los restaurantes playeros. Estas intenciones de los empresarios abrieron un complejo proceso de negociación en el que participaron el Ayuntamiento de Cádiz, los chiringuitos de la capital gaditana representados por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) y la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dirigida por entonces por Ángel Acuña. 

Así, este asunto ha estado vigente desde que José María González accediera a la Alcaldía en 2015. El invierno anterior, el equipo de Gobierno liderado por Teófila Martínez ya se mostró en contra de las intenciones de los hosteleros. Sin embargo, en diciembre de 2015 entraron en vigor los primeros permisos temporales para la permanencia de los chiringuitos en las playas durante todo el año. Una situación precaria que también abrió la veda para la solicitud de la ampliación de la superficie de las instalaciones debido a que el Reglamento General de Costas, aprobado con posterioridad al pliego de condiciones, era mucho más favorable para los intereses de los empresarios al permitir que los establecimientos playeros pudieran gozar de una superficie máxima de 300 metros cuadrados, frente a los 150 metros cuadrados que aparecen reflejados en los contratos, y su apertura durante todo el año. Al tener los acuerdos una duración de 10 años más otros cuatro prorrogables, los hosteleros entendían que tenían derecho a una modificación sustancial de las condiciones por haber cambiado la normativa general apenas unos meses después de la adjudicación de los chiringuitos.

Tras dos años con soluciones en precario y las peticiones de la Junta de Andalucía de acabar con la situación de temporalidad, la salida al conflicto se produjo a finales de 2017 con la solicitud de la transmisión de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre que estaban en manos del Ayuntamiento a los propios chiringuitos para que estos, a su vez, solicitaran la modificación sustancial de las condiciones para conseguir sus pretensiones respecto a la apertura durante todo el año, el aumento de las superficies y la ampliación de la duración de las concesiones. Con el proceso iniciado a instancias del Consistorio, fue el propio Gobierno local quien dio marcha atrás y dejó de reconocer la citada transmisión de la titularidad. De esta forma, la Junta tomaba a los chiringuitos como titulares de las concesiones y concedió de forma precaria la ampliación de las superficies (aunque en la propuesta final de la modificación de las condiciones no se recoge el aumento de la ocupación de las instalaciones), mientras que el Ayuntamiento se consideraba como titular legítimo de las concesiones de ocupación. 

A partir de ahí, el conflicto estalló con la apertura de expedientes sancionadores y de protección de la legalidad urbanística por parte de la Delegación Municipal de Urbanismo a cuatro restaurantes playeros al considerar que incumplían la superficie máxima que podían ocupar según lo que dictaminaban tanto el PGOU como los pliegos de condiciones para la ocupación de los chiringuitos. El Consistorio argumentaba que los establecimientos solo podían ocupar un máximo de 150 metros cuadrados, mientras que los empresarios defendían que el espacio máximo era de 300 metros cuadrados ya que entendían que el PGOU es una norma de rango inferior al Reglamento General de Costas, además de argumentar que los negocios contaban con autorizaciones en precario de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para disponer de todo este espacio. Finalmente, las multas fueron anuladas, aunque se mantuvo la limitación de una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, un dictamen que ha sido recurrido por los chiringuitos.

Con todo, AECCA decidió interponer una denuncia contra el concejal de Urbanismo, Martín Vila, al considerar que con la apertura de los expedientes sancionadores y restablecimiento de la legalidad urbanística había cometido un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que tuvo una actuación "claramente arbitraria, injusta y contraria a derecho". Para ello, entre otros motivos, esta entidad defendió que el Ayuntamiento de Cádiz ya había permitido con anterioridad y había sido titular de instalaciones en las playas de la ciudad con una superficie que superaba los 150 metros cuadrados que permite el PGOU, además de haber pedido la modificación sustancial de la concesión de un chiringuito en La Victoria para que contara con 270 metros cuadrados. Además, también argumentó que el PGOU es una norma de rango menor que el Reglamento de Costas y que los chiringuitos contaban con las autorizaciones en precario de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para poder ocupar una superficie de 300 metros cuadrados.

Esta es la segunda denuncia sobre los chiringuitos que ha sido archivada. La primera fue la interpuesta por los exconcejales de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, contra el alcalde, José María González, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la transmisión de la titularidad de los chiringuitos