La Fiscalía ha enterrado el laberíntico caso de la transmisión de la explotación de los chiringuitos con un escrito en el que prácticamente afea a los concejales de Ciudadanos, que hoy ya no están en la formación, haber trasladado al ámbito penal un complejo debate administrativo.

La denuncia del grupo municipal de Ciudadanos, que acusaba directamente al alcalde de prevaricación y malversación, argumentaba que la decisión del gobierno local de optar por una explotación a terceros, es decir, ofreciéndoles la titularidad a los empresarios de los chiringuitos con concesión en vigor, llevaría a la búsqueda “clara” del beneficio de los adjudicatarios existentes.

Pero esta transmisión, considera la Fiscalía, nunca se produjo, ya que los técnicos municipales pusieron en duda que la fórmula pudiera ejecutarse sin que los procedimientos de la Junta, a su vez en litigio administrativo con Costas, se aclararan. Lo que es seguro es que otras fórmulas, piensa la Fiscalía, llevarían a unas cancelaciones anticipadas de las explotaciones, con las indemnizaciones que éstas conllevaba. La nueva situación jurídica de los chiringuitos, por tanto, podría suponer un coste para las arcas municipales, pero en lo que ahonda Fiscalía es en si hubo traspaso o no. Es decir, si el hecho presuntamente delictivo se produjo.

Las transmisiones de los chiringuitos no se produjeron

“Por parte del Ayuntamiento se entiende que las transmisiones no habían tenido lugar porque lo que confiere la delegación territorial es una autorización que debe ir acompañada del correspondiente negocio jurídico de transmisión para ser efectiva, negocio que no se produjo”. Esta argumentación tomada en cuenta por la Fiscalía es clave, ya que toda la construcción de la denuncia se levantaba sobre el hecho de que, en realidad, el Ayuntamiento sí había culminado esa transmisión, lo que suponía la deducción de que había redundado en los intereses del patrimonio municipal. Y de ahí podía llegar la acusación de malversación.

El escrito fiscal admite la mayor parte de la explicación municipal, sin entender muy bien por qué la denuncia vaya exclusivamente contra el alcalde, y asegura que “el hecho de si ha producido la transmisión o no a día de hoy continúa siendo controvertido y ello conlleva que las condiciones económicas de percepción o no de los ingresos por parte del Ayuntamiento con esa presunta transmisión y, por ende, esa presunta transmisión patrimonial, en la actualidad quede también en el aire”.

Porque de lo que se trataba era de si el Ayuntamiento podía negociar unas condiciones que resultarían beneficiosas para los concesionarios de los chiringuitos. Y quizá, como así fue, esas negociaciones se produjeron, pero la transmisión no.

“En la medida en que (los chiringuitos) siguen pagando el canon y el Ayuntamiento ingresándolo no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno. Además, existen indicios, como las declaraciones de los empresarios, en las que se afirma que no fue la intención del investigado (el alcalde) de que la transmisión produjera pérdida de ingresos en las arcas municipales” , finaliza la argumentación la Fiscalía.