Tres chiringuitos han presentado un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones realizadas por la Delegación Municipal de Urbanismo que limitan la superficie de estos establecimientos a 150 metros cuadrados, en vez de los 300 metros cuadrados que solicitan los hosteleros al ampararse en lo que recogen el Reglamento General de Costas y los permisos en precario con los que cuentan remitidos por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Estas tres solicitudes tramitadas por los chiringuitos Potito, Beach Club Potito y Tirabuzón ya han sido admitidas a trámite por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 2 y 4 de Cádiz, que han solicitado al Ayuntamiento de Cádiz que les remita los expedientes administrativos al completo.

El punto de inicio del conflicto entre estos tres restaurantes playeros y el Consistorio gaditano es el proceso de transmisión de la titularidad de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos. Este trámite no lo reconoce el Ayuntamiento, mientras que los chiringuitos y la Administración autonómica sí lo dan por cerrado.

Ante esto, los negocios solicitaron a la Junta de Andalucía una modificación sustancial de las condiciones de las concesiones de ocupación. Entre otras medidas, pidieron poder ocupar un total de 300 metros cuadrados con sus instalaciones. Sin embargo, dentro del cambio de criterio del Consistorio gaditano en este asunto, decidió abrir expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística contra los chiringuitos por considerar que ocupaban más superficie de la permitida en el PGOU y el pliego de condiciones, que limitan estas instalaciones a 150 metros cuadrados.

El pasado 30 de noviembre, la Junta de Gobierno Local aprobó la resolución de la Delegación Municipal de Urbanismo en la que instaba a los chiringuitos al restablecimiento del orden jurídico perturbado por un exceso de superficie, por lo que los negocios solo pueden ocupar los 150 metros cuadrados que se marcan en el PGOU y el pliego de condiciones.

Esta decisión del Ayuntamiento iba a llevar aparejada la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores. Sin embargo, tras la presentación de sendos recursos, la Junta de Gobierno Local, en su sesión del pasado 22 de marzo, decidió anular las multas correspondientes a los citados expedientes al considerar que los chiringuitos “pudieran ser terceros de buena fe” al presentar los permisos en precario que les concedió el Gobierno andaluz.

A pesar de la anulación de las multas, el Ayuntamiento de Cádiz desestimó los recursos presentados por los hosteleros para intentar mantener los 300 metros que tenían concedidos en las autorizaciones temporales que tramitó la Junta de Andalucía.

Con todo, estos recursos son el último paso dado por los chiringuitos ante las resoluciones realizadas por el Área de Urbanismo el pasado 2 de abril. En este documento se desestiman los recursos presentados por los empresarios para poder disfrutar de la ampliación de la superficie, por lo que han decidido llevar el caso a los juzgados para poner fin a la disputa entre las partes.

Cabe recordar que el Ayuntamiento también ha tramitado otro recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía por el otorgamiento de los títulos en precario que modifican las condiciones de las concesiones de ocupación de los establecimientos a la espera del dictamen definitivo a las solicitudes de los restaurantes playeros.