Los cuatro chiringuitos a los que en el pasado mes de junio se les abrió sendos expedientes por ocupar un terreno superior a los 150 metros cuadrados que establecen tanto el pliego de condiciones como el PGOU tendrán que desmontar parte de sus instalaciones para ajustarse a la normativa municipal. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la propuesta de la Delegación de Urbanismo por la que se solicita a los establecimientos Nahu Beach, Potito, Beach Club Potito y Tirabuzón el restablecimiento del orden jurídico perturbado tras constatarse un exceso de superficie ocupada por los citados negocios.

Este acuerdo será notificado en los próximos días a los propietarios de los restaurantes playeros. Fuentes municipales señalaron que, paralelamente, siguen en marcha los expedientes sancionadores en relación a estos hechos. Las propuestas de multa deberán pasar por la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

De esta manera, el Ayuntamiento se mantiene en la tesis que lleva defendiendo en los últimos meses sobre la necesidad de que los chiringuitos cumplan con lo recogido en el pliego de condiciones y en el PGOU, que marcan el citado límite de 150 metros cuadrados en estas instalaciones.

Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre, el equipo de Gobierno decidió suspender temporalmente este procedimiento de restitución de la legalidad urbanística tras atender las alegaciones que había recibido. Para ello, antes de tomar la decisión definitiva, solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas sendos informes sobre los permisos en precario con los que contaban los chiringuitos.

La notificación la recibirán los dueños de los negocios en los próximos días

Aquí está una de las claves de este complejo asunto, ya que la Administración andaluza había tramitado unos permisos provisionales para una superficie de 300 metros cuadrados tras realizar la transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los dueños de los chiringuitos y solicitar los empresarios, posteriormente, las modificaciones sustanciales de las concesiones. La Junta de Andalucía concedió estos espacios de manera provisional al seguir el criterio que hasta principios del presente año había mantenido el Consistorio. A la par, le daba cobertura legal a los hosteleros mientras que se tramitaban sus peticiones.

De hecho, en la propuesta que ya ha realizado el Gobierno andaluz a los chiringuiteros, y que ha sido aceptada por éstos, se admite la actual postura municipal sobre este asunto, por lo que finalmente las instalaciones tendrán que limitarse a los citados 150 metros cuadrados, quedando exentos los aseos y los accesos. Sin embargo, y en contra de la idea del Ayuntamiento, la Junta sí ha contemplado la apertura durante todo el año.

El edil de Urbanismo, Martín Vila, señaló en relación a la decisión que se tomó ayer que “lo que hemos hecho no es otra cosa que dar los pasos necesarios para el estricto cumplimiento de la legalidad”.

A partir de ahí, Vila volvió a mostrar las evidentes diferencias que mantienen el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en relación a los chiringuitos, ya que afirmó que “hay que dejar meridianamente claro que no se ha llevado a cabo ninguna transmisión de la titularidad de los chiringuitos. Por mucho que se quieran empeñar en decir lo contrario, esa transmisión jamás se ha completado y, por tanto, no hay ningún cambio posible en las condiciones que deben regular dichas instalaciones”.

Con este argumento justificó la actuación municipal. Así, afeó que “estos chiringuitos ampliaron el espacio de ocupación en la playa y hay que hacer cumplir el pliego de condiciones en vigor y el PGOU, que establece el máximo de ocupación en 150 metros”.

Con todo, tarde o temprano se tendrá que producir esta reducción de los metros cuadrados que ocupan estos cuatro chiringuitos, ya que la Junta ha aceptado el actual criterio del Ayuntamiento. De hecho, en la propuesta de condiciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente a los chiringuitos ya se establece un plazo de seis meses desde que emita la resolución final de la modificación sustancial de sus condiciones para que las instalaciones recuperen la superficie que permite el PGOU. Una medida con la que dejarían de estar en vigor los actuales permisos en precario.