El choque del Ayuntamiento de Cádiz con los chiringuitos y la Junta de Andalucía lleva camino de eternizarse. Unas discrepancias que han dado un paso más al haber tramitado ya el Consistorio gaditano cuatro expedientes de sanción y restitución de la legalidad urbanística por considerar que los establecimientos han cometido irregularidades en relación a lo que marca el pliego de condiciones de las adjudicaciones y las restricciones que establece el PGOU respecto a la superficie que pueden ocupar los negocios.

Sin embargo, la Administración autonómica considera que el pliego de condiciones ya no está vigente para los siete restaurantes playeros que cuentan con la titularidad de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre desde el pasado noviembre, por lo que estas instalaciones ya no se rigen por él. De fondo, esta actuación está soliviantando los ánimos de los empresarios, que aseguran que de momento sólo tienen conocimiento de uno de los citados expedientes, por lo que irán recurriendo las sanciones cuando las vayan recibiendo, además de reclamar una reunión con el Ayuntamiento.

El nudo de esta cuestión está en el proceso de traspaso de la titularidad de la ocupación de los chiringuitos. Un trámite que el Ayuntamiento no reconoce y que la Junta sigue dando por cerrado tras haberse comunicado la culminación del proceso sin recibir alegaciones. Una vez que los hosteleros ya contaban con el título habilitante, automáticamente registraron sus peticiones para la modificación sustancial de las concesiones con el objetivo de conseguir la apertura durante todo el año, la ampliación de la superficie de los establecimientos y el aumento de la concesión hasta 30 años.

A tenor de este proceso, ha sido cuando el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado sus alegaciones, surgiendo en este punto las discrepancias entre las partes tanto en las primeras reclamaciones como en la contestación posterior remitida por la Secretaría General del Consistorio a la propuesta de resolución emitida por la Junta.

Aquí, un punto esencial se encuentra en la consideración de la superficie que establece el PGOU, que marca una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, entendiendo el Ayuntamiento que se incluyen en este apartado tanto la construcción como la terraza, mientras que los chiringuitos cuentan con un permiso en precario mientras que se resuelve la citada modificación sustancial que se somete a lo marcado por el Reglamento General de Costas, que permite 150 metros cuadrados de instalación cerrada y otros 120 metros cuadrados de terraza -50 metros cuadrados en entarimado y pérgola de madera y 70 metros cuadrados en la arena-.

En rueda de prensa, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, indicó que tenía constancia de estos cuatro expedientes y volvió a recordar que el Ayuntamiento tiene "dos márgenes" en relación al pliego de condiciones al que se sometieron en los respectivos concursos y el PGOU. "En esos dos márgenes, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con los chiringuitos para favorecer lo que sea, pero más allá de ahí no nos podemos mover porque existe, en este caso, un pliego y existe un Plan General que sí o sí hay que cumplir", aseveró Vila, que unió la obligación de "velar por su cumplimiento".

Por todo ello, el edil indicó que "en el momento que se tiene constancia de que existía un incumplimiento por parte de los chiringuiteros, se han iniciado automáticamente" los expedientes por parte de Urbanismo y Contratación.

Tras las manifestaciones de Vila, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), José Antonio Medina, calificó como "una deslealtad" la actuación del Ayuntamiento de Cádiz. Para ello, señaló Medina que, en las reuniones que se han sucedido entre las partes tras la transmisión de la titularidad, "llegamos al acuerdo de contar con 150 metros cuadrados construidos y 120 metros cuadrados de terraza pura".

Ante esto, resaltó que, en estos encuentros, "quedó claro el respeto del PGOU como norma de obligado cumplimiento", contando con que "las construcciones no pueden tener más de 150 metros cuadrados en la arena". Sin embargo, aquí vuelve a aparecer la diferente interpretación de la norma, ya que "la definición de construcción es clara y no es interpretable", por lo que sentenció que "no se puede considerar una construcción los espacios de mesas y sillas puestos sobre la arena o apoyados sobre una tabla de madera". Por ello, apuntó que es "incongruente" la postura municipal por haber contado en anteriores temporadas con autorizaciones en las que se contemplaban estos metros de más para las terrazas. A esto sumó que "hasta las superficies concedidas a las hamacas superan los 150 metros cuadrados".

Por otra parte, el representante de los chiringuitos indicó que "hace 40 días" que solicitó una reunión para rubricar el acuerdo con el Ayuntamiento "para abonar el importe acordado en su día en el canon de adjudicación", ya que "no puede cobrar el canon de explotación al no ser el titular", por lo que "se realizaría vía compromiso en un convenio".

Respecto a la situación que se ha generado con los expedientes tramitados por el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía remarcaron que "para que el pliego de condiciones tuviera vigencia, el Ayuntamiento tiene que ser el titular de la concesión". Por ello, la Administración autonómica considera que este trámite ya se ha cerrado, por lo que los chiringuitos no se someten a esta normativa.

Asimismo, respecto a la aplicación del PGOU, recordaron que en la actualidad el proceso para la modificación sustancial de las condiciones de las concesiones se mantiene abierto, dándose en virtud a estas solicitudes las autorizaciones en precario según lo que marca el Reglamento General de Costas, que establece hasta un máximo de 300 metros cuadrados para los chiringuitos, tal y como ha sucedido con anteriores permisos. Un proceso que se sigue estudiando hasta que se emita la resolución final.