Los vecinos de la plaza de las Alegrías de San Fernando, también en pie de guerra por la contaminación acústica

Parece ser que la contaminación acústica es un problema para San Fernando más allá de la zona de la calle Las Cortes. De hecho, la situación en en el entorno de la plaza de las Alegrías también se agrava cada día que pasa y los vecinos han decidido tomar cartas en el asunto.

Sin ir más lejos, durante la tarde del pasado jueves tuvo lugar una reunión en la que estuvieron representadas las comunidades de propietarios de ochos bloques, que suman más de 300 familias, y que contó con la presencia del abogado Borja Grandal, que, precisamente, representa a la Asociación de vecinos Las Cortes-Centro en su recurso para solicitar la retirada cautelar de las terrazas en dicho entorno. Los propios vecinos de la plaza de las Alegrías acudieron a este letrado en busca de asesoramiento jurídico.

Y lo cierto es que esta reunión arrojó varias conclusiones. La primera de ellas es la voluntad de los afectados de erigirse en plataforma ciudadana mientras tramitan su constitución formal en asociación de vecinos para dar más fuerza a sus reivindicaciones.

La segunda de ellas es la convicción de estas familias de acudir a la Justicia en caso que no se adopten las medidas oportunas por parte del Ayuntamiento para solucionar estos problemas. Del mismo modo, los vecinos ya se están moviendo para que se realicen las pertinentes mediciones que vengan a demostrar con cifras la contaminación acústica en esta zona.

Los portavoces de los afectados aclaran que son numerosas las denuncias y quejas presentadas ante el Ayuntamiento y que, de momento, “el silencio y la ausencia de medidas ha sido la respuesta”.

“Hay que poner freno al deterioro de la convivencia y al grave impacto que la actividad hostelera viene causando en la zona, manifestado en ocupaciones excesivas de la vía pública por terrazas, ruidos hasta altas horas, falta de control municipal y continuas molestias que impiden el descanso y vulneran derechos básicos de los residentes”, aseguran los portavoces de los vecinos.

Consideran los afectados que la situación actual “no solo es fruto del crecimiento de la hostelería, sino también de la pasividad institucional y la ausencia de fiscalización, que han desembocado en un escenario insostenible”.