Vecinos de San Onofre expropiados para abrir viales recurren las compensaciones
La asociación vecinal presenta alegaciones a Urbanismo ante los bajos justiprecios que se plantea abonar a los 8 afectados, 7 familias y un comerciante, por la desaparición de sus viviendas
35.000
El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de expropiación de hasta ocho fincas en la calle San Onofre para abrir los viales que conectarán Callejón Nuevo y la Avenida de la Marina con la Ronda del Estero, paralela a la hilera de casas bajas de este barrio. La notificación a los afectados, siete familias y un comercio, ha provocado sus protestas, a las que se ha unido la asociación de vecinos Casas Blancas-Gallineras que considera muy escasas las compensaciones que la Gerencia de Urbanismo, responsable de la actuación, plantea pagar. Por este motivo, la entidad ya ha presentado alegaciones, con el respaldo de los vecinos en cuestión, con el objetivo de que se vuelva a valorar de manera más favorable las propiedades implicadas.
El colectivo vecinal, así como los afectados, están de acuerdo en que los cambios son necesarios para el progreso de la ciudad, para mejorar las comunicaciones y las conducciones -especialmente de alcantarillado- del barrio. En algunos casos, sabían que habría expropiaciones, pero el acuerdo con la administración era que las personas perjudicadas tendrían indemnizaciones que les permitieran mantener su calidad de vida en otras viviendas y su actividad empresarial en otras zonas de la ciudad. Los precios fijados no satisfacen las expectativas creadas, y se consideran insuficientes e irrisorios. Las cantidades que, por el momento, baraja Urbanismo no son acordes a las cifras que existen en el mercado inmobiliario para adquirir una casa. "Lo normal es que se pudieran ir sin mucho perjuicio ya que tiene una casa sin hipoteca, libre de cargas ahora", señala José Antonio García Gamero, el abogado que lleva el tema. No les da para trasladarse, ni siquiera serviría para pagar una vivienda de protección oficial (VPO), que era una de las salidas planteadas. Ahí intervendría Esisa (la empresa isleña de suelo) que tiene una encomienda para arreglar la situación.
Ningún técnico ha visitado los inmuebles, lamentan tanto afectados, como representantes vecinales y legales. Aunque han informado finca con finca los criterios aplicados en la baremación han sido los mismos, sin estudiar caso por caso. Estrictamente han utilizado los valores del metro cuadrado de suelo y de construcción -aunquereducido-. La antigüedad de las casas, de unos 40 años más o menos, ha pesado en exceso, según el abogado y la asociación de vecinos. Si el metro cuadrado de construcción se paga a 617 euros, según los cálculos del Colegio de Arquitectos, se ha quedado más o menos en la mitad. No han tenido en cuenta, por ejemplo, las remodelaciones realizadas en las casas. Ni las condiciones económicas de las familias.
El que más recibirá si se mantienen las compensaciones se llevará 35.000 euros -por una casa de 72 metros cuadrados-; el que menos, 16.000 euros. 28.000 euros o 19.700 son otras cantidades que se han ofrecido a otros afectados. En cualquier caso, las cifras son escasas en comparación con los números que manejan desde el colectivo vecinal, que apuesta por un valor de suelo más elevado, calificado como suelo urbano y por tanto de unos 1.000 o 1.200 euros; y un valor de construcción menos rebajado, de unos 330 euros el metro cuadrado. De esta forma las cifras subirían hasta 100.000, 90.000 o 80.000 euros que sí dan para VPO.
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