No hay marcha atrás. Al menos, no por el momento. El proceso emprendido por la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico para desalojar las ocupaciones de la zona de dominio público marítimo terrestre de la playa de La Casería, en San Fernando, no solo sigue adelante sino que además ha registrado importantes avances en las últimas semanas.

La inmensa mayoría de alegaciones presentadas por los afectados tras recibir las correspondientes notificaciones a principios de noviembre han sido desestimadas. Así que con fecha del pasado 11 de diciembre se han confirmado con nuevas resoluciones hasta 54 de los 59 expedientes lanzados desde la Demarcación de Costas.

Y eso supone en la práctica la desaparición de la inmensa mayoría de las casetas y construcciones que se reparten por esta singular playa isleña a pesar del amplio rechazo que ocasiona la medida y a pesar de que el Ayuntamiento isleño está decidido a hacer lo posible por evitar los derribos.

En los 5 casos restantes, Costas aclara que no se ha dictado todavía una resolución, bien porque por sus especiales características se estén estudiando todavía las alegaciones presentadas o bien porque se les haya requerido a los interesados que presenten más documentación antes de resolver. En esta última situación se encuentra, por ejemplo, el popular establecimiento Cantina de El Titi-El Bartolo, que cuenta con una concesión administrativa renovada hace poco más de un año por Medio Ambiente por la que paga incluso un canon. Una circunstancia, por cierto, de la que Costas asegura que no tenía constancia oficial, según explica el jefe de la Demarcación, Patricio Poullet. "No nos habían notificado la renovación de dicha concesión por parte de la Junta", afirma.

Con todo, y aunque el de El Bartolo es uno de los casos más representativos, la práctica totalidad de los expedientes de La Casería sigue adelante una vez descartadas las alegaciones y ratificados los planes de la Demarcación de Costas para despejar la zona de dominio público de todas esas ocupaciones que considera ilegales en aras al proyecto de regeneración de la playa que se pretende desde hace 20 años.

La resolución de las alegaciones tiene fecha del pasado 11 de diciembre y en ella –en línea con las primeras notificaciones– se requiere explícitamente a los interesados "para que cesen en la indebida ocupación y restituyan los terrenos a su estado anterior". Además, la Demarcación de Costas realiza un "apercibimiento expreso" para intervenir de manera subsidiaria en el caso de que estos requerimientos de la administración no sean atendidos. "Se llevará a cabo la ejecución subsidiaria de la resolución a costa del obligado", advierte.

El jefe de la Demarcación de Costas ha afirmado que llegado el caso "se actuaría de oficio" por parte de la administración para llevar a cabo el desalojo de estas ocupaciones y ha constatado que el procedimiento administrativo continúa su marcha.

Las resoluciones de la Demarcación, eso sí, pueden todavía ser recurridas en alzada ante la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para ello dispondrán del plazo de un mes.

Los planes de la Demarcación de Costas desataron hace poco más de un mes una polémica sin precedentes en La Isla. En poco más de 24 horas se improvisó incluso una protesta contra el derribo de las casetas y de los locales de la playa de La Casería, se empezaron a recoger firmas y las redes sociales se inundaron demuestras de apoyo y de airadas reacciones en contra de la desaparición de este espacio apelando especialmente a su singularidad.

El Ayuntamiento de San Fernando reclamó sin resultado que se paralizara el proceso administrativo. Semanas después –y al margen del debate político que se suscitó en el ámbito municipal consiguió que el pleno aprobara por unanimidad iniciar el proceso administrativo para conseguir la declaración de interés general para la playa de La Casería, una fórmula que garantizaría su conservación.