San Fernando

Costas estudia las alegaciones presentadas a los expedientes de la playa de La Casería

  • Un mes después de las notificaciones, el futuro de las casetas y de los dos locales sigue en el aire

Protestas contra los desalojos en La Casería, hace un mes.

Protestas contra los desalojos en La Casería, hace un mes. / Sonia Ramos (San Fernando)

En La Casería reina una incierta calma un mes después de que la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico lanzara los 59 expedientes de recuperación posesoria para desalojar las ocupaciones que se asientan en la zona de dominio público de la playa de La Casería, incluyendo los dos negocios de hostelería –muy populares– y las casetas de pescadores.

Tras el enorme revuelo ocasionado a principios de noviembre al conocerse los planes de la administración para despachar el asunto lo más rápidamente posible y tras la reacción del Ayuntamiento isleño, que aprobó en el último pleno iniciar el proceso administrativo para declarar la zona de interés general con la intención de frenar el proceso, el futuro de la playa de La Casería sigue todavía en el aire.

Los afectados aseguran que todavía no saben nada de Costas, aunque el plazo para presentar documentación o formalizar alegaciones –que era tan solo de ocho días– ha concluido hace tiempo. En la notificación remitida hace un mes por la Demarcación se indicaba además que, en el caso de no aportar ningún tipo de documentación, los ocupantes dispondrían de 10 días para irse de la playa de La Casería y "cesar en la indebida ocupación del dominio público marítimo terrestre".

La Demarcación de Costas, por su parte, asegura que el proceso administrativo puesto en marcha sigue adelante, si bien ahora mismo no hay ninguna novedad al respecto dado que se están estudiándose por parte de los técnicos las distintas alegaciones que se han presentado a los expedientes.

Así que todavía no está nada claro qué es lo que va a pasar con las casetas y los dos negocios afectados de La Casería, aunque la postura adoptada por el Ayuntamiento isleño –al intentar proteger la zona con su declaración de interés público– puede servir para retrasar el rápido desalojo que se pretendía en aras al proyecto de regeneración de la playa que se espera en La Isla desde hace 20 años. De momento, a pesar de la calma, todo sigue siendo bastante incierto.

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