La noticia de que el Ayuntamiento de San Fernando tenía que afrontar una indemnización a la la empresa propietaria del tanatorio ha llevado a sus antiguos trabajadores a solicitar al Consistorio que retenga parte de esta compensación para poder recibir las cantidades que se les adeuda desde 2010 por despido improcedente y de nóminas sin percibir. Su representación legal espera que los oficios de embargo de los Juzgados de lo Social número 2 y número 3 de Cádiz se remitan pronto a la Administración local para tener garantizado el cobro.

Casi 180.000 euros en indemnizaciones por el despido improcedente y por las nóminas pendientes se quedaron sin percibir hace una década hasta nueve trabajadores de la empresa dueña de las instalaciones del tanatorio, Cortijo El Bretón, al verse afectados por los problemas económicos de la sociedad. Estos empleados fueron despedidos y aunque los juzgados les dieron la razón por el despido improcedente no se admitió su reclamación de subrogación. En esa época Mémora se hizo cargo de la gestión del tanatorio de Fadricas. 

Desde 2010 quedó pendiente de cobro parte de este dinero, porque otra fue abonada por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). "Son casi 180.000 euros en indemnizaciones y sueldos, más cantidades que dejó sin pagar de la Seguridad Social", detalla Miguel Segado.

Este abogado que representa a los antiguos empleados presentó hace una semana un requerimiento judicial para que se comunique al Ayuntamiento isleño que una parte del dinero que ahora pretende liberar debe reservarse al estar embargada por este motivo. Es decir que de los 2.001.000 euros de indemnización fijada por la Justicia por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa del tanatorio al declarar nula su licencia de obra una parte del dinero se destinará a esta causa. En concreto, unos 90.000 euros serán para los antiguos empleados y unos 80.000 para el Fondo de Garantía Salarial.

"Hemos contactado con el concejal de Hacienda, Conrado Rodríguez, y también hemos presentado la documentación en el Registro General del Ayuntamiento", apunta Segado que espera que la comunicación de los Juzgados de lo Social del embargo llegue al Ayuntamiento para que los beneficiarios tengan garantía de cobro después de tantos años.