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Gestión municipal

Solo unos 200.000 euros del remanente de 2019 de San Fernando, pendientes de asignar

  • El uso de unos 300.000 euros para completar la indemnización del tanatorio reduce a esta cantidad el remanente disponible, algo que critica la oposición

Sede provisional del Ayuntamiento de San Fernando.

Sede provisional del Ayuntamiento de San Fernando. / D.C. (San Fernando)

El uso de unos 300.000 euros como parte de la indemnización que el Ayuntamiento va a pagar al tanatorio de San Fernando hace que del remanente de Tesorería de 2019 solo quede pendiente de asignar unos 200.000 euros

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, informaba en el último pleno de esta cuantía al intervenir en el punto del orden del día sobre las modificaciones de crédito para la compensación económica de algo más de 2 millones que debe afrontar. Le había preguntado por ello el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, en el punto donde se daba cuenta de la aplicación en el remanente de 2019 del acuerdo del Consejo de Ministros que suspende las reglas de gasto que limitaban su uso.

Este asunto despertó el debate en torno a la idoneidad del destino decidido por el equipo de gobierno para el dinero. "Es reprobable, se suspenden las reglas fiscales para este año y para 2021 y contumaz en su actitud sigue con la idea de inversiones no necesarias", se quejó el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero. "Les permiten gastar todo el remanente y ampliar el escudo social y no lo han hecho", lamentó la portavoz de Podemos, Ana Rojas. Zambrano se preguntó si, ante la situación, el gobierno se planteaba hacer recortes de gastos en los presupuestos de 2020. La concejala del PP Inmaculada Marín defendió que el gasto debe regirse por el principio de prudencia y hacerse de forma racional. "Decidieron precipitadamente cómo gastar el remanente por las noticias de que el Gobierno se iba a apropiar de los remanentes, pero al no ser así deberían valorar otras alternativas", propuso.

La oposición ha mostrado su preocupación y su rechazo al uso que el gobierno isleño estaba dando al remanente desde el principio. En abril el gobierno municipal informaba de que disponía un millón de euros provenientes del remanente de Tesorería para ayudas sociales para atender las necesidades por la pandemia y la crisis económica. Era el primer uso que se ponía sobre la mesa en un año complicado por las circunstancias. Después se daban otros pasos, en los que se han centrado las críticas. 

Más allá de tener en cuenta que podía dedicar otros 1,6 millones de los 13 millones del remanente a gasto social, el equipo de gobierno decidió liquidar el último préstamo que seguía pagando del Plan de Ajuste Económico. "Salimos 3 años antes de lo previsto del plan de ajuste, y podremos dispone de un ahorro de 1,5 millones a lo largo de estos próximos años para poderlo destinar a la potenciación de la actividad económica, a la mejora de las condiciones de la ciudad y a la mejora de la situación social", argumentaba el también concejal de Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria. Para el andalucista Fran Romero, sin embargo, era "poco ético" destinar 4 millones de euros a amortizar deuda financiera sin estar obligado el Consistorio a hacerlo ante la situación de las familias isleñas afectadas por la crisis provocada por la pandemia.

En ese momento, en mayo, el equipo de gobierno daba otros pasos para aprovechar otra parte del remanente, con un paquete de inversiones que suponían unos 100.000 euros para el centro de transformación eléctrica del muelle de Gallineras -ahora recién licitada la actuación-, unos 300.000 euros para completar la partida para la construcción de una gran sala de estudio en la zona del Parque Almirante Laulhé; y unos 660.000 euros para arreglo del firme de barriadas. La oposición insistió en la necesidad de ser prudente con el gasto y rechazó apoyar estas inversiones.

Esta aplicación del remanente (que ya tenía asignadas otras actuaciones, como las obras de consolidación de la Casa Lazaga) hacía que quedara pendiente unos 3,7 millones, para los que en julio se aprobó en pleno un destino: 1,1 millones para nuevo mobiliario e infraestructura de la playa de Camposoto, 700.000 euros para mejora de alcantarillado, unos 300.000 euros para un nuevo centro de proceso de datos del Ayuntamiento y casi 250.000 euros para mejora de equipamiento deportivo.

A estas cuestiones se referían en la última sesión plenaria los grupos de la oposición, para cuestionar que el gobierno reitere sus planes y no hubiera optado por otras actuaciones o por aguardar a ver las necesidades de la ciudad afectada por la crisis del coronavirus.

Era un "holgado" remanente, expuso Ana Rojas, que permitía estar preparados por lo que pudiera venir al estar todavía sufriendo la pandemia del covid-19. Pero prefieren gastar 9 millones, prosiguió, "donde no entra ni un euro para afrontar la crisis, pero seguirán vendiendo el millón que destinaron al principio". Marín apostaba por su uso para ayudar a la ciudadanía y a los empresarios, pero también para aliviar la presión fiscal en la ciudad.

Para el portavoz de AxSí resulta "obsceno" gastar 1,2 millones en aseos para la playa, 746.000 euros para una cuestión estética, como es arreglar las medianas en distintas avenidas; 250.000 euros en la redacción de un proyecto para la calle San Marcos como si no hubiera técnicos en este Ayuntamiento" o una cantidad desorbitada a una sala de estudios.

A estas cuestiones contestó Rodríguez, que también rechazó las dudas mostradas por Fran Romero sobre que las actuaciones previstas fueran "financieramente sostenibles" como marcaban las reglas de gasto cuando este uso del remanente de Tesorería se aprobó en mayo y en julio. "Son sostenibles para este Ayuntamiento", dejo claro aún cuando esas limitaciones de uso no se tienen que aplicar este año y el próximo. "Se ajusta a lo que establece la norma", insistió. Además, recordó que del remanente se reservó 2,6 millones de euros para gasto social más las partidas previstas en el presupuesto municipal.

A esas quejas se sumó el rechazo de parte de la oposición de la fórmula seguida por el gobierno municipal para afrontar la indemnización al tanatorio: uso de partidas no gastadas del presupuesto actual y de una parte, en torno a 300.000 euros del remanente pendiente, lo que entienden que supone renunciar a remanente para el próximo ejercicio.

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