Prohibir no basta

Prohibir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales suena a alivio; que lo haga el Gobierno, y por decreto, aún más. Alguien, por fin, asume el coste de hacer algo frente a un problema que nos desborda. Discursos de odio normalizados, polarización extrema, desinformación viral que se cuela en la vida cotidiana sin pedir permiso. Todo ello con un impacto directo (y cada vez más evidente) en la salud mental de los jóvenes: ansiedad, miedo, sensación de amenaza constante y desgaste emocional.

Pero esta medida también tiene algo de ilusión colectiva: la tentación de pensar que basta con cerrar una puerta para que el ruido desaparezca. ¿Saben lo que es una conexión VPN? Ellos sí. Tecnológicamente, la prohibición es frágil: saltársela es sencillo. Falsear una IP, compartir perfiles, mentir sobre la edad. Nuestros jóvenes manejan códigos y atajos que muchos adultos ni siquiera alcanzamos a imaginar.

El mayor foco de desinformación y discurso del odio no siempre está en las plataformas abiertas, sino en el WhatsApp de confianza: el grupo familiar, el mensaje reenviado “por si acaso”, compartido sin leer, sin contrastar, sin pensar. La cultura del clic rápido, del contenido snack y del compartir compulsivo también es cosa nuestra.

Nos equivocamos si nos quedamos con el titular fácil que reduce el debate a prohibir. Delegar en una norma lo que es un desafío educativo, social y cultural resulta cómodo y tranquilizador, pero insuficiente. La salud mental de los jóvenes no se protege apagando pantallas, sino enseñando a mirar críticamente lo que aparece en ellas.

Ahí es donde cobra sentido el anuncio del Gobierno de Sánchez: señalar por fin a quienes diseñan y monetizan los algoritmos. Lo relevante no es tanto castigar al usuario, sino responsabilizar a las grandes tecnológicas que permiten (y rentabilizan) la viralización del odio, la violencia simbólica, el racismo y la mentira. Los algoritmos no son neutrales: amplifican lo que más daño genera porque es lo que más clics produce.

No es casual que hoy mismo Francia investigue a Elon Musk y a X por su papel en la difusión de contenidos ilegales. Estamos logrando un cambio de paradigma: hacer negocio con la desinformación y el odio tiene consecuencias.

Prohibir puede darnos un respiro... un rato. Pero si no regulamos, educamos y exigimos responsabilidades a quienes mandan en el ecosistema digital, sólo estaremos mirando hacia otro lado mientras el problema se escabulle cambiando de forma y de canal.