Lo arreglamos entre todos... si nos dejan

LA última campaña impulsada por las Cámaras de Comercio bajo el lema Esto lo arreglamos entre todos parte de un concepto ya básico en la teoría macroeconómica moderna inaugurada por Keynes, quien otorgaba un papel prominente al efecto de la incertidumbre sobre el comportamiento económico.

Los aspectos psicológicos se consideran de esta forma como un factor determinante en el momento de tomar decisiones de cualquier índole, algo que no excluye al campo económico. La percepción optimista o pesimista condiciona todas nuestras acciones, el riesgo que somos capaces de asumir y gran parte de nuestras decisiones futuras. Por ello, dicha campaña pretende renovar la confianza de los españoles e implicarnos en la recuperación asumiendo las consecuencias que conlleve. Un objetivo loable, pero difícil de conseguir en los más de cuatro millones de personas que se encuentran en la terrible situación del desempleo.

Las cifras que sigue registrando nuestro mercado de trabajo, pese a que se ha suavizado la destrucción de empleo en los últimos meses, muestran niveles históricos de paro. Y, lo más preocupante para todos -también para Bruselas-, cada vez son más evidentes los signos de enquistamiento del desempleo. En Andalucía, el número de parados de larga duración ha pasado de 111.500 en el tercer trimestre de 2007 (lo que suponía un 24% del total de parados), hasta los 380.800 que hay en la actualidad (con datos del cuarto trimestre de 2009), lo que representa el 36,8% del total de parados andaluces (1.034.000 parados totales en Andalucía). Es decir, durante la crisis los parados andaluces que llevan más de un año buscando empleo -sin encontrarlo- se han incrementado en un 241,5%.

Con esta situación y un entorno donde no llegan las reformas que se piden desde todos los foros, resulta complejo impulsar comportamientos económicos colectivos sin orientaciones precisas, y más en el caso de los desempleados. Es decir, se establece el objetivo, pero no el cómo alcanzarlo. Y más complicado es aún desde la perspectiva en la que se conjugan, entre otros, tres hechos relevantes. En primer lugar, que la situación de partida es pésima, pues la fuerza laboral y el tejido empresarial se han visto mermados por la crisis económica hasta niveles de hace cinco años; en segundo lugar, que en apariencia el Gobierno no parece tener claro cómo manejarla; y, por último, no se están ofreciendo a los ciudadanos todas las herramientas necesarias para realmente salir adelante y mejorar su situación.

Es cierto que hay que motivar a las personas para mantenerlas activas en la búsqueda del empleo, pero el Estado debe ser honesto y garantizarles todas las herramientas disponibles para ello, tanto públicas como privadas (gratuitas). La desazón es comprensible cuando hay un millón y medio de desempleados que llevan más de un año en esa situación y cuyo recurso principal, más allá de su red social y familiar, son sólo los servicios públicos de empleo (que, por cierto, hacen una labor indispensable).

Éstos se encuentran ante una clara sobresaturación debido al exponencial incremento de demandantes de empleo y a la falta de recursos disponibles, lo cual ha provocado que en 2009 el Servicio Andaluz de Empleo sólo haya colocado a cuatro de cada cien desempleados que recurrieron a ellos. Este hecho se conjuga con una todavía -caprichosa- infrautilización de las agencias privadas de empleo (aún ETT's en España), que pese a sólo poder ceder trabajadores de forma temporal y no en todos los sectores de actividad, superan la tasa de intermediación del SAE (3,8%) en casi dos puntos porcentuales (5,5%).

En conclusión, es muy loable fomentar el ánimo y la iniciativa de todos para salir de esta crisis, pero no obviemos que es el Estado quien debe liderar esa salida poniendo en marcha medidas serias y garantizando que los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad y dispongan de las mejores herramientas para ello. Nuestro sector puede y quiere ayudar, como ya lo ha hecho en toda Europa, a la mejora (nunca sustitución) de los servicios públicos de empleo, desde la lealtad, bajo la tutela de las autoridades públicas y con el único objetivo de la vuelta al empleo de los desempleados sin coste para ellos. Esto sí lo podríamos arreglar, pero sólo si nos dejan. ¿Por qué cualquier desempleado, de nuestros vecinos europeos, tiene a su disposición servicios públicos y agencias globales (gratuitas) de empleo privadas y el español no?