Empecemos por lo obvio r : todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista sobre la acción del Gobierno o de los partidos políticos. Todos tienen derecho a manifestarse de manera pacífica de acuerdo con las leyes. La ley de amnistía, por supuesto, es un disparate desde el punto de vista moral y político. Me da la sensación que también lo es desde la perspectiva constitucional, pero no tengo formación suficiente para ser categórico. Comprendo a la perfección la inquietud que provoca en una parte importante de la población. Si asociaciones de jueces y fiscales, el colegio de abogados, el de procuradores y el de graduados sociales rechazan el proyecto de ley, una vez leído, pues no hay nada que decir. Si el rechazo es a ese mamarracho llamado lawfare, conviene recordar que tan sólo es parte de un acuerdo entre dos partidos políticos que no ha tenido plasmación en ningún proyecto de ley hasta la fecha. Me parece un poco aventurado manifestar el rechazo de algo que no es más que un párrafo de un acuerdo político. No entiendo que algunas entidades se manifiesten con contundencia, por mucho derecho que tengan. No sé por qué la Cámara de Comercio, el Colegio de Economistas o la Confederación de Empresarios de Cádiz deban expresar su opinión sobre este asunto que no es de su ámbito. Cabe suponer que entre los socios de estas entidades habrá alguno al que la amnistía le pueda parecer bien y, en todo caso, no sé de qué manera afecta a empresarios, comerciantes y economistas para que hablen. Allá cada cual, pero ya puestos igual la asociación de romanceros, los veteranos del Cádiz CF, la Peña Cuatro Gatos, los Hermanos Cirineos, la Banda del Rosario, Cádiz Ilustrada o los vendedores del Mercado Central tienen algo que decir. De la misma manera comprendo que el PP convoque en la Plaza de España a quienes rechazan la amnistía, aunque haya sido la concentración más pequeña de todas las convocadas en las capitales españolas, casi igual a los que el día anterior se solidarizaban con el pueblo palestino. No respeto a los que fueron a la sede del PSOE de San Antonio. Ir a la sede de los partidos es un escrache, una forma de intimidar a militantes y dirigentes de ese partido. Me parece fatal si se hace frente a la casa de un político o ante un partido, el mamarracho aquel de rodear el Congreso o los descerebrados que iban al famoso chalet de Galapagar, por mucho que los de Podemos llamaban jarabe democrático a las movidas que hacían los suyos. Para los muy cafeteros: el mero hecho de expresar una opinión o acudir a una manifestación contra la amnistía demuestra que no vivimos en una dictadura ni Pedro Sánchez es un golpista, por si alguien tiene alguna duda.