Celebración y paralelismo político

A la memoria de mi compañero de estudios, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, Ignacio Bustamante Morejón.

Afinales del próximo mes de noviembre de este 2013, se habrá de llegar a la última meta de esta "carrera de los bicentenarios" que viene disputándose en la bahía -San Fernando y Cádiz, Cádiz y San Fernando- desde septiembre de 2010. Pero, entiéndanme, la competición no es entre las dos ciudades, sino de cada una de ellas consigo misma, una competición por ver si se pueden llevar a cabo algunos de los retos marcados por las distintas instituciones, volcadas éstas en el esfuerzo por modernizar la ciudad de que se trate, revitalizar su cultura, promocionar su riqueza y, en definitiva, alcanzar una serie de mejoras que permitan visualizar un antes y un después de tales conmemoraciones; eso sí, la mayoría relacionadas con la fisonomía de la propia ciudad y la recuperación o regeneración de su patrimonio monumental histórico.

Es más que probable que, desde esta óptica, los resultados estén dejando una sensación ciertamente "agridulce" -por utilizar una expresión suave-, pues estas efemérides han estado marcadas por unos años de penuria económica que, a su vez, han provocado que más de un proyecto y más de una intención, quedase ralentizada, cuando no postergada y, en cualquier caso, dejase de coincidir (deja de hacerlo ya a todas luces), con los actos conmemorativos puntuales programados en una u otra ciudad.

Sin embargo, junto a esta parte de lo visible, de lo evidente, de lo que materialmente están dejando los "bicentenarios" en nuestras ciudades, se podría valorar además una componente socio-histórica de conocimiento, es decir, si gaditanos e isleños tienen, en general, un conocimiento más amplio y completo de lo ocurrido en aquellos años o, si hay gaditano o isleño que se precie, que no sea capaz de ofrecer una visión histórica, suficientemente aceptable, de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Isla de León y Cádiz entre el 24 de septiembre de 1810, el 19 de marzo de 1812 y el 27 de noviembre de 1813. Claro está que esta valoración, o este análisis, puede demandar que transcurran aún unos cuantos años, dejando que se asiente y se asimile lo vivido con lo conocido antes de ofrecer cualquier tipo de resultado, más o menos positivo.

En todo caso la labor, llamémosle, "pedagógica", de dar a conocer los hechos, sí puede haber obtenido sus frutos. Creo que no existen dudas acerca de la difusión de tales acontecimientos históricos vividos entre 1810 y 1813. Desde la UCA al Diario de Cádiz, pasando por el resto de las instituciones (ayuntamientos, Diputación, Consorcio, Comisión Nacional), se han puesto de relieve en congresos, jornadas, artículos, investigaciones y posteriores publicaciones, los hechos que marcaron aquellos años: la Guerra de la Independencia, la convocatoria de Cortes, el inicio de las sesiones, la aprobación de la Constitución,... dándoles a la Isla de León y a Cádiz los papeles protagonistas en el inicio del constitucionalismo español.

Y ahora, como decía al principio, cabe cerrar estos episodios históricos con la conmemoración, el 27 de noviembre de los doscientos años de la concesión a la Isla de León, por parte de las Cortes, del título de "Ciudad" y la denominación de "San Fernando", una celebración que enlaza, diez días después, con la del trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978.

Quiero pensar que en San Fernando se ha alcanzado ese mismo objetivo y que el lema que estaba presente en muchos de los actos celebrados, "cuando España fue una Isla", ha calado hondo en el orgullo de los isleños, sintiéndonos auténticos protagonistas de los cambios que se iban produciendo en la sociedad española por aquellos días, aunque la mayor parte de ellos tardasen aún más de un siglo en consolidarse; espero que hayamos adquirido conciencia de que las Cortes de la Isla de León fueron al constitucionalismo español, lo que la Transición Política iniciada en 1975, ha sido a la democracia española garantizada en nuestra vigente Constitución.

Tratando en ambos casos de respetar la legalidad entonces vigente y teniendo presente a la institución monárquica (ausente, no obstante, el rey en 1810), el objetivo era el de poner fin a un régimen obsoleto y caduco, para dar paso a un nuevo Estado apoyado en los pilares de una libertad e igualdad características del régimen liberal de principios del siglo XIX, o a un nuevo Estado, apoyado en los pilares de la libertad, igualdad y solidaridad, como sustentadores del régimen democrático propio de la Europa del último tercio del siglo XX.

Las Cortes de la villa de la Real Isla de León de 1810 y el proceso para la Reforma Política iniciado en 1975, salvando evidentemente todos los condicionantes propios de cada uno de esos momentos históricos, tuvieron idéntica intencionalidad política, socavar y, en definitiva, derribar los soportes institucionales de una monarquía autoritaria en un caso, y de un régimen autocrático, en otro, para levantar un nuevo edificio, un nuevo Estado, capaz de asegurar la convivencia en libertad de unos ciudadanos -ya no súbditos-, gracias a la garantía de un texto regulador de tal convivencia, la Constitución.

Conviene, por tanto, valorar también, junto a los hechos históricos, los acontecimientos políticos, pues si los inicios de la democracia en España no se entienden sin la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum, y que propició la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, del mismo modo, sin los primeros Decretos de las Cortes de la Isla de León, particularmente, los que se refieren a la Soberanía residenciada en la Nación y, por tales Cortes representada, tampoco se entiende el proceso que desembocaría en la redacción y aprobación de la primera Constitución de nuestra historia.

Lo que queda, a falta de otros hitos visuales conmemorativos que todavía pueden postergarse más o menos en el tiempo, es salvaguardar y proteger el legado patrimonial, histórico y documental, que conservamos de aquellos años de 1810-1813, los documentos, libros y objetos de nuestros archivos, bibliotecas y museos quedan, con lo editado y publicado en estos últimos años, como testimonios que hacen posible seguir avanzando en el conocimiento de unos hechos que marcaron nuestra historia -y nuestra política- más reciente.