El ayuntamiento de El Puerto continúa sin liquidez. Una de las numerosas entidades afectadas es Anydes, que espera la subvención correspondiente al año en curso (son 15.000 los euros adeudados), en una desagradable situación ya sufrida por el colectivo anteriormente y que en la actualidad provoca que ni siquiera acoja a nuevos usuarios.

La coyuntura se hace más dolorosa dado el perfil de la institución, que intenta ayudar a los que menos tienen o a los que nada poseen. Sorprende que un gobierno formado por PSOE e IU presente tantas dificultades para sostener a un organismo de esta naturaleza: hay que llenarse menos la boca hablando de política social y llenar más las cuentas de quienes se dedican a ella.

Al parecer se está a la espera de que la intervención municipal otorgue el visto bueno a unas facturas atrasadas para poner en marcha un nuevo convenio, pero lo cierto es que la burocracia camina por un lado, pisando sobre cómodas alfombras, y las penalidades de la calle transitan por otro. Las cosas de palacio van despacio y, como El Puerto es la ciudad de los cien, parece multiplicar la lentitud por dicho guarismo, en correspondencia matemático-arquitectónica.

Si los usuarios de Anydes se dedicaran como otros colectivos a manifestarse, más o menos virulentamente, en la Plaza Peral o en el interior del edificio consistorial exigiendo soluciones es seguro que las trabas administrativas se solventarían con mayor rapidez. Pero esa es una de las paradojas de nuestro tiempo: que quienes requieren ayuda con preferencia a los que se ubican detrás de una pancarta al cabo ni siquiera protestan e incluso ni ejercen su derecho al voto, actitud que se paga ante gobiernos que actúan a golpe de imágenes e intereses electorales.

Ningún ayuntamiento anda sobrado de recursos pero el portuense se encuentra especialmente débil, insolvencia aún más chocante si se observa la magnitud de los tributos que abonan sus ciudadanos, como cada año acredita el informe de la Confederación Provincial de Empresarios, que ubica algunos epígrafes, como el IBI, en la zona alta de un ranking compuesto por 45 municipios.

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