No hace tanto los secretarios judiciales cambiaron la denominación de su oficio por el de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Ni entonces eran los secretarios del juez, como bromeaban algunos, ni ahora se incluyen dentro de los colegios profesionales de la abogacía. Podría decirse que los LAJ son el motor que hace funcionar los juzgados de España, más aún después del notorio incremento de sus responsabilidades tras la reforma de la oficina judicial. Ya no suelen subir a estrados y sus togas permanecen colgadas en las perchas de sus despachos durante meses y meses, pero siguen siendo fundamentales para algo que a ninguna administración pública parece gustarle: que se haga justicia.

Mañana martes 24 de enero está convocada una huelga indefinida de los LAJ por culpa de lo que han denominado como «acuerdos incumplidos» del Ministerio de Justicia. Las tres asociaciones nacionales de letrados judiciales han convocado una movilización conjunta para denunciar el pasotismo del que siempre hacen gala los políticos cuando no hay populismo al que agarrarse de por medio. Recuerdo al menos dos convocatorias de huelga previas, aunque ninguna indefinida. Esto va a suponer la inmediata paralización de aquellos juzgado en los que su LAJ se sume a la convocatoria. ¿Cuál es la razón? Porque no ejercerá su calidad de fedatario público con lo que carecerían de validez actos procesales como son los juicios orales.

No son los LAJ los primeros miembros de la administración de justicia que han mostrado su desacuerdo con los gobernantes en estos últimos y convulsos tiempos pre-electorales. Las asociaciones de jueces y las de fiscales han realizado todo tipo de comunicados y quejas ante sombríos movimientos de distinto calado, realizados por aquellos que deben velar por todos nosotros como si fueran angelitos del Niño Jesús. Eso debe indicarnos el nulo valor que los políticos otorgan a la justicia. Ítem más: la justicia es un puto problema para los políticos.

Desde mi tribuna quiero aplaudir a los LAJ que se sumen a la huelga indefinida del 24 de enero, aunque probablemente dicha convocatoria perjudique los intereses de alguno de mis clientes. Entre las medidas de las que exigen su cumplimiento se encuentran la elevación del porcentaje destinado a productividad de su cuerpo o que se cambie la ley para que sus retribuciones se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en orden a las responsabilidades inherentes al cuerpo de letrados.

Leo también que los LAJ han propuesto al recién elegido decano del Colegio de Abogados de Madrid, el gaditano Eugenio Ribón, para que medie con el Ministerio de Justicia, hecho que debe ser bien apreciado. Ojalá los abogados ejercientes se plantaran con la misma valentía que otros estamentos participantes de la administración de justicia y lucharan por sus propios derechos con la misma fiereza que lo hacen por los de sus defendidos. En casa de abogado, toga de palo. La remuneración del turno de oficio roza salarios preconstitucionales y pocas son las ocasiones en que alguien ha meado fuera del tiesto. Por esta razón, y en solidaridad, debemos mostrar comprensión con la huelga de los LAJ y no dejar que nos engañen: los retrasos de la administración de justicia provienen de la falta de dotación de medios humanos y materiales, y no de la destemplanza o desinterés de los colaboradores de la misma.