El proyecto urbanístico de La China lleva 35 años de tramitación, todo un récord. Esta finca, anexa a Puerto Sherry, es el símbolo de la especulación y de la sumisión de las administraciones a los promotores urbanísticos.

Las China fue declarada suelo urbano, junto al relleno del Pueblo Marinero en una operación fraudulenta por carecer de ninguno de los servicios e infraestructuras que exigía la legislación del suelo. La aprobación del PGOU por la Junta de Andalucía en 1988 fue todo un hito de los despropósitos urbanísticos; la resolución de aprobación consta de dos puntos: el primero aprueba el PGOU, y el segundo ¡lo suspendía, a excepción de Puerto Sherry y La China!

A cambio de regalarle a la empresa promotora, Marina de El puerto de Santa María S.A., los rellenos del mar y declarar 144.500 m2 de suelo urbano, esta empresa se comprometía a ejecutar una serie de actuaciones: construcción del paseo marítimo del Aculadero, regeneración de la playa, equipamientos en los pinares de Coig y la Isleta… Nada de esto se hizo; todas estas actuaciones las han ejecutado las administraciones públicas. La deuda de Marina Puerto de Santa María S.A. con el ayuntamiento podría ascender a decenas de millones de euros. Para colmo, tuvimos que rescatar a esta empresa con dinero público, 85 millones de euros, para devolvérsela saneada a los mismos que la quebraron.

Después, se firmaron nuevos convenios en los que se premiaba a los promotores con más concesiones: aumento de la edificabilidad y cambio de un hotel por un bloque de apartamentos. Todo un ejemplo de ingeniería urbanística al servicio de la especulación.

Ahora, los mismos promotores dan por aprobado el Plan Especial del Pueblo Marinero y la China por silencio administrativo del ayuntamiento; connivencia total con la especulación. Este Plan tiene como finalidad aumentar aún más la edificabilidad y recalificar los suelos hoteleros y comerciales a residenciales. ¡Pretenden construir 1.010 viviendas en una zona colmatada y con restricciones de acceso!

La China es uno de los últimos reductos forestales de la costa oeste del municipio de El Puerto, una zona totalmente colmatada de urbanizaciones; todo un lujo que es imprescindible conservar. La especulación está prohibida por la Constitución.