La iniciativa ciudadana

La fábrica de los relatos está que no para. El equipo de Gobierno, con su alcalde José María González ‘Kichi’ al frente, decide poner en el primer lugar de las prioridades de los gaditanos el cambio de nombre de una avenida. Hay supuestamente 4.000 personas que lo reclaman y es el aval perfecto para llevar a la práctica los planes previstos. El debate está servido: ¿Es el momento oportuno o no? ¿Se debería esperar a que fuera investigado y posteriormente juzgado y condenado si lo fuera?¿Se debería juzgar toda la trayectoria o este hecho concreto? Para el equipo de gobierno todo está respondido y sale cruz para el emérito.

Lo que sí que es evidente es que el proceso puesto en marcha por Podemos para respaldar el cambio de nomenclatura es de cartón piedra, se mire por donde se mire. La plataforma digital que ha sido creada por un ex asesor del alcalde no tiene el más mínimo rigor. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero votar me basta con poner mi nombre, profesión y un correo electrónico. Nadie pregunta si vivo en Cádiz o en cualquier otro lugar del mundo y, al menos, si se va a hacer una consulta sobre algo que atañe a tu ciudad, lo mínimo es que se circunscriba a las personas que residen en ella. Más simple, cualquier persona que viva en Sabadell o en Santiago de Compostela ha podido votar y darle un click para que el alcalde y compañía añadan una razón más para llevar a cabo su decisión.

Pero si en un alarde de generosidad queremos seguir votando para sumar otra adhesión a la causa, puedo volver a ponerme delante del ordenador y en el registro dar un nombre falso, tanto o más que el correo electrónico, y decir que eres piloto de Fórmula 1, que estarás entre los 4.000 héroes.

Hace años una recogida de firmas presencial, hecha a pie de calle, tumbó los planes iniciales del Ayuntamiento y el Estado de derribar el edificio de Aduanas para darle un mayor realce a la antigua estación. Eso llevaba consigo el traslado de todos los funcionarios a un edificio cercano que se tendría que construir en pleno boom del ladrillo.

Algunos miembros de lo que llamamos la sociedad civil, muchos de ellos relacionados con el Ateneo, iniciaron una recogida de firmas para que el inmueble siguiera en pie, además de aportar una serie de informes. La delegada provincial de Cultura de entonces, Yolanda Peinado, compró la historia y lo que antes era un derribo, después se convirtió en un mantenimiento del edificio y dejar entonces, herido casi de muerte todo el plan para la Plaza de Sevilla. En aquello tuvo que ver también las ganas de la delegada de ganarse un aplauso entre su hinchada para enfrentarse al tótem de los populares, Teófila Martínez.

Este periodista pudo ver el listado de firmas en el que se veía a mucha gente conocida en la ciudad, pero también había un número importante de apellidos extranjeros, como si el listado hubiera también pasado por manos de estudiantes internacionales.

Sin embargo, a diferencia de este, fue público que se iba a iniciar una recogida de firmas y se hizo como se hacían estas cosas antes, en persona y dentro de la ciudad.

Y si se sigue la teoría del equipo de Gobierno acerca de las iniciativas populares y que vienen de la ciudadanía, si alguien pone en marcha una recogida de firmas para, por ejemplo, devolver a las barbacoas de la playa y obtiene el mismo número de rúbricas que esta. ¿Eso debería ser vinculante? Intuyo que no y esperemos que si es por un caso como ese, se diga siempre que no.

Si el deseo del gobierno local es cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I, que lo hagan, pero sin más aspavientos de los precisos. Que tiren para adelante y regresen a sus quehaceres diarios.

Las terrazas

Lo de las terrazas va camino de culebrón. La Policía Local va a inspeccionar las terrazas de diversos locales de hostelería para ver si se está cumpliendo con la normativa municipal. Los agentes deciden actuar en algunos de ellos y ordenan la retirada de algunas mesas por diversos motivos hasta que tras la intervención de Horeca con el alcalde, se da marcha atrás.

La relación actual del equipo de gobierno con la Policía Local, que ahora no tiene jefe político tras la dimisión de David Navarro, es bastante tensa. ¿Se puede entender esto como una desautorización a los agentes, que son los que tienen que velar porque se cumpla la ley? Todavía recordamos las declaraciones tras una intervención a un vendedor ambulante ilegal de pescado: “Si tengo que elegir...”