El auge de parcelas ilegales en Cádiz viene de lejos. Este fenómeno urbanístico afecta a toda la provincia al completo. De ahí que ayuntamientos, Junta de Andalucía y Fiscalía de Cádiz trabajen a destajo para frenar en la medida de lo posible esta situación.

Según publicó Diario de Cádiz, la Consejería de Fomento estimaba que en 2020 había unas 45.000 parcelaciones ilegales en Cádiz. La gran mayoría en la Bahía de Cádiz, Jerez y en La Sierra. La cuestión es que los municipios llevan años intentando frenar esta tendencia que es muy común en espacios rurales. 

Recientemente, este medio también ha publicado que en Chiclana hay un repunte en esta práctica de parcelación ilegal y que incluso hay casas edificadas sobre terrenos no reconocidos que acaban anunciadas en portales inmobiliarios. 

¿Qué quiere decir que una parcela es ilegal?

El concepto de parcela ilegal responde a la delimitación irregular del terreno para realizar posteriormente construcciones y edificaciones. Estas parcelas ilegales son terrenos no aprobados por las autoridades municipales. O dicho de otra forma, son espacios no contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos.

En este caso, se considera ilegal toda parcela acotada sin permiso de las autoridades, que no tiene en cuenta el PGOU y donde posteriormente un propietario procede a edificar. Pese a no contar con los permisos de licencia urbanística.

La ley que regula en Andalucía esta situación es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. A la que también se conoce como LISTA. Esta legislación nació para reforzar jurídicamente la lucha contra el suelo irregular.

Las multas por parcelas ilegales

Aquellas personas que deciden delimitar un terreno de forma arbitraria y ajena a la legislación vigente del suelo en Andalucía, y al municipio en cuestión, se enfrenta a cuantiosas multas económicas.

Una infracción urbanística, según el el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía , se castiga con multas desde 600 euros hasta 2.999 euros para casos leves. La horquilla para casos graves va desde 3.000 euros hasta 5.999 euros. Para los muy graves, de 6.000 euros a 120.000 euros. La parcelación en suelo no urbanizable está entre las faltas graves.