-Empecemos por el principio. Cuéntenos su trayectoria formativa y sus inicios profesionales.

-Comencé mis estudios de la carrera de Derecho en la Escuela Universitaria de Jerez en el año 75. Entonces aún no estaba creada la Universidad de Cádiz y en dicha escuela se impartían los tres primeros cursos dependiendo directamente de la Universidad de Sevilla. En el año 80 terminé la carrera y casi de inmediato decidí emprender lo que hasta entonces no era más que una idea, la de presentarme a oposiciones a la carrera judicial. Para ello contacté con don Juan Del Río Guilarte, quien en aquellas fechas era juez de la capital gaditana.

En el mes de octubre de 1982 conseguí superar las pruebas, pasando a la Escuela Judicial, que entonces se encontraba en Madrid, donde tras una corta estancia me entregaron el Despacho correspondiente. El día 1 de marzo de 1983 tomé posesión en el entonces Juzgado de Distrito de Rota.

Mi siguiente destino fue el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María, donde tomé posesión como juez de ascenso en 1984, juzgado en el que permanecí tres años y en cual, aparte de algún caso muy sonoro en el que estaba implicado un artista conocido, tuve una complicada instrucción con motivos de los desórdenes públicos provocados por la reconversión de la construcción naval en los Astilleros de Puerto Real. En el año 87 fui destinado al Juzgado de Distrito de Puerto Real, lo que solicité por su proximidad a la ciudad de Cádiz. En ese periodo me asignaron la prórroga de jurisdicción del Juzgado de Rota, que se encontraba vacante, sin titular, de modo que, lejos de mejorar mi situación personal, aumentó mi carga de trabajo, no evité los desplazamientos y todo ello, como se hacían entonces las cosas, sin retribución adicional alguna.

Tras esta primera experiencia en la provincia de Cádiz, en el año 88 ascendí a la categoría de magistrado, siendo mi primer destino Madrid, en concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 6. El cambio ni que decir tiene fue brutal por la categoría de los pleitos. Recuerdo algunos, como la impugnación de los acuerdos de fusión entre dos grandes bancos valorada en decenas de miles de millones de pesetas o la paralización de obras en la M-40. Eso, sumado a los prestigiosos abogados intervinientes, me aportó una gran experiencia.

Del Juzgado de Madrid pase a estrenar en la capital de Cádiz el primer Juzgado de lo Penal, que se creó en diciembre del año 89 como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que dio un vuelco a nuestro sistema procesal, al impedir que el juez de instrucción pudiera celebrar determinados juicios en los que había intervenido.

En el año 95, pasé a formar parte de la Audiencia Provincial y desde entonces ininterrumpidamente hasta mi jubilación he desempeñado de mi actividad jurisdiccional en dicho órgano, al principio como magistrado de una sección mixta y posteriormente como presidente de la Sección Tercera. En la Audiencia he ejercido 40 años y medio.

-¿Cómo es el trabajo allí?

-El trabajo en la Audiencia es un trabajo en equipo, concienzudo y de gran responsabilidad, pues allí se enjuician los delitos más graves, aunque la mayoría de los casos, porcentualmente hablando, son asuntos en los que se actúa como órgano de apelación, es decir, para revisar el trabajo hecho por los jueces en la primera instancia, con lo cual la decisión que se adopta es la definitiva, salvo algunas excepciones. 

Se trata de un trabajo en equipo como dije, pues las resoluciones se adoptan entre tres magistrados y se trata siempre de intentar llegar a la unanimidad en la deliberación aun cuando en ocasiones ésta no se alcanza. En tal caso se decide por simple mayoría. Es un trabajo en que todos estamos entregados y nos exige mucha dedicación, la carga de trabajo es muy alta y ello impide en muchas ocasiones que se alcance la deseada claridad en las exposiciones.

-Como decía, ha ejercido como presidente de la Sección Tercera, tribunal especializado en violencia de género. ¿Cómo es posible que esta lacra social persista a pesar de los esfuerzos y medios dedicados a erradicarla?

-Efectivamente, desde el año 2005 la Sección Tercera es la sala que tiene asignadas las competencias provinciales en materia de violencia de género, de forma que es el tribunal donde se enjuician los casos más graves, con excepción de los homicidios o asesinatos que corresponden al Tribunal del Jurado.

Es cierto que a partir del año 2004, con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, se ha hecho un esfuerzo muy importante incrementando los recursos policiales, sociales y laborales para proteger a las víctimas de violencia de género, pero hay campos en los que, a mi juicio, no se ha hecho lo suficiente.

Me refiero fundamentalmente al tema de la educación, la formación en valores -y no sólo en igualdad- a los menores a nivel académico y familiar. Y, por otro lado, tampoco me parece que haya sido suficientemente eficaz la protección penal. En relación con esta última, da la impresión que se legisla de una manera en la que lo que se busca es resolver el problema a cañonazos, es decir, poner en el mismo saco a quien discute ocasionalmente en su casa por un teléfono o un mando a distancia para cambiar la programación de la televisión o a quienes puntualmente profieren expresiones soeces en el curso de una discusión, con los realmente maltratadores, aquellos que ejercen sistemáticamente un maltrato habitual. De esta forma, la infinidad de procedimientos que se abren por discusiones ocasionales más o menos nimias en familia provoca graves problemas al judicializarse, empleando para su investigación y enjuiciamiento unos medios ya de por sí escasos, lo cual, de algún modo, impide que los casos más graves puedan ser analizados con la suficiente atención y llevados a los tribunales.

No es infrecuente que quien denuncia a raíz de una agresión puntual ponga de manifiesto genéricamente  el hecho de padecer una situación de maltrato habitual, la cual pasa inadvertida. Así, el procedimiento se abre por el episodio más leve, sin que de ningún modo se indague sobre el hecho más grave, que al permanecer casi oculto queda impune. 

Da la impresión de que a nivel político se pretende una estadística en la que aparezcan muchos maltratadores como si eso fuera consecuencia del éxito en la lucha contra la violencia de género cuando, en realidad, lo que pone de manifiesto es un fracaso, por cuanto los casos más graves pueden pasar inadvertidos y dejan de investigarse por falta de medios policiales y judiciales. Con los números da la impresión de que España es un país extraordinariamente machista donde todos los hombres son enemigos en potencia de sus mujeres. 

Con ocasión de una estancia que tuve la suerte de compartir con un juez alemán, me preguntó que cómo era posible que en España hubiera tantos condenados por violencia de género. Cuando le expliqué que aquí se penaliza como violencia de género cualquier tipo de maltrato de obra aún sin causar lesión, que no queda siquiera claramente definido donde empieza en una discusión de pareja el maltrato y donde acaba la mala educación, que se considera delito la coacción leve o proferir expresiones desafortunadas en este contexto aun cuando se viertan recíprocamente, me reconoció que se quedaba más tranquilo, pues en realidad nuestro problema no era superior al de los países nórdicos.

Manuel Grosso, durante la entrevista.

-Bajo su punto de vista y habida cuenta la experiencia cosechada, ¿dónde falla el sistema para que aún tengamos que seguir sumando mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas?

-No creo que el sistema esté fallando pero es cierto que la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas es incesante e inaceptable. Ni se puede considerar una victoria el hecho de que un año la estadística marque menor número de mujeres fallecidas, ni un fracaso el hecho de que dicho número aumente. Desde el punto de vista de la política siempre se trata de culpabilizar al contrario, se utilizan los datos alegremente, pero evidentemente el que un año la cifra aumente en cuatro o cinco casos o descienda no puede considerarse consecuencia de la mejor o peor actuación llevada cabo por los poderes públicos.

Lo que sí es cierto es que las cifras a lo largo del tiempo más o menos se mantienen, poniendo en evidencia que queda mucho por hacer. A pesar de los esfuerzos policiales, en los que ha habido un gran avance en materia de protección a las víctimas, resulta imposible prever todos los casos que potencialmente pueden surgir, no puede haber un policía detrás de cada pareja o de cada mujer. Lo que sí debe de haber es una mayor formación en valores y aquí es esencial la escuela y la familia.

Resulta sorprendente que, en los tiempos actuales, entre menores que se suponen deberían estar educados en el respeto a la mujer, se den cifras altísimas de malos tratos, violaciones, agresiones sexuales… Esto pone de manifiesto que algo falla en su educación en una sociedad en la cual está al alcance de todos la pornografía, el visionado de situaciones violentas, sádicas… que por inmadurez, en muchas ocasiones, se pretenden reproducir. Simplemente utilizando el teléfono móvil y conectándose a la red existe barra libre.

Aparte de lo anterior, creo que no se dedica la atención suficiente al tratamiento de las personas condenadas para su rehabilitación.

Por otro lado, estaría el caso de las personas enfermas mentales que carecen de apoyo, salvo el que le ofrecen sus potenciales víctimas, de modo que prácticamente no se trabaja sobre ellas.

En definitiva, es toda la sociedad la que debe verse implicada, desde la familia, la escuela, los vecinos, el barrio, de forma que se consiga erradicar cualquier tipo de violencia habitual del hombre sobre la mujer. Se trata de un problema en el que intervienen factores culturales y sociales y en el que todos tenemos algo que aportar.

-¿Está usted a favor o en contra del derecho de la víctima a no declarar contra su agresor, esto es, la dispensa del artículo 416?

-Pienso que la reforma operada no resulta acertada. Forzar a la mujer que ha sido víctima de una agresión por parte de su pareja a prestar declaración en juicio en contra de su voluntad es impedirle una válvula de escape ante una situación difícil de afrontar para ella, lo que provoca una nueva victimización: ante el tribunal, se ve de algún modo forzada a mentir, negando los hechos objeto de la imputación o bien alegando el olvido, lo cual no deja de ser otra mentira. La solución no está en forzarla a declarar, pasará en todo caso por proporcionarle los medios para que se sienta segura y alejada de su agresor. En cualquier caso, la simple negativa en el acto del juicio a declarar no debería ser automáticamente admitida, sino que requiere de una indagación sobre los motivos para apreciar que se trata de una decisión libre, en cuyo caso entiendo que hay que respetarla so pena de que entendamos que la mujer es un ser desvalido e inferior, lo que parece inaceptable. 

-Han pasado por sus manos tantísimos casos. Echando la vista poco tiempo atrás aparecen Quality Food, el cura de Salesianos… ¿Cuál ha sido el asunto más complicado que ha tenido que juzgar?

-Todos los casos que  cita, efectivamente, han sido complicados por diversos motivos. El primero, por la dificultad técnica de la materia para personas como los jueces, cuya formación básicamente es la del Derecho y no la económica. El segundo, porque planteaba un difícil problema a la hora de valorar la intencionalidad del autor en el entorno en que se practicaron los juegos con los alumnos.

No podría decir qué asunto ha sido el más complejo de todos los que he tenido ocasión de juzgar, lo que sí puedo decir es que siempre he pretendido actuar con independencia y el máximo respeto tanto a las acusaciones como a las defensas.

Manuel Grosso de la Herrán.

-¿Cree que la ciudadanía ha perdido la fe en la Justicia por la politización de la misma y la falta de independencia del Poder Judicial?

-En primer lugar, niego la mayor, no creo que se haya perdido la fe en la Justicia y, por otra parte, no acepto que la Justicia o el Poder Judicial estén politizados o falte independencia. Una cosa es el Poder Judicial y otra es el órgano que lo gobierna, es decir, el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial en España está integrado, como dice la Constitución, por jueces y magistrados que son libres independientes, inamovibles y únicamente sometidos al imperio de la ley. 

A lo largo de mi vida profesional nunca he recibido presión alguna por parte de los demás poderes públicos y, de haberse producido, tenga por seguro que no hubieran tenido efecto. Otra cosa es que el el órgano de gobierno, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, sabiamente concebido en la Constitución como independiente de los otros poderes del Estado para gobernar a los jueces y magistrados, esté absolutamente politizado, lo cual resulta contrario al espíritu de la Constitución.

De hecho, casi recién estrenado, en el año 1986 creo que ocurrió, fue modificado el sistema de elección de sus componentes. El asunto llegó a manos del Tribunal Constitucional que, al declarar válida la ley modificativa, venía a indicar que sólo si el nuevo sistema de elección se convertía en una reproducción de la lucha entre poderes dentro del parlamento, la ley sería contraria a la Constitución. El tiempo ha venido a poner en evidencia que cada vez es mayor la politización del Consejo.

Desde entonces cada vez se ha ido politizando con mayor intensidad, con lo cual ha llegado a ser esa prohibida reproducción del Parlamento, donde sus vocales, salvo en honrosas excepciones a lo largo de su vida, representan los intereses de los partidos que los nombran y con los que se identifican. Sobre esta materia están saltando los primeros signos de alerta en Europa.

Otro de los órganos que popularmente se confunde con la carrera judicial y perjudica el sentimiento sobre su independencia es el Tribunal Constitucional, el cual no forma parte del Poder Judicial, pues aunque a sus integrantes se les denomina  jueces, no pertenecen a la carrera judicial, no es un tribunal ordinario, sino de garantías, y sus miembros son directamente elegidos por el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno entre juristas de prestigio.

Si se profundiza un poco, lo que en el ánimo de los españoles se considera que está totalmente politizado es el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que estos órganos popularmente se confunden con el Poder Judicial.

-¿Qué opina de la amnistía?

-Es una barbaridad, no es un recurso constitucional. En España nos dotamos de una Constitución para garantizar la democracia y el Estado de Derecho. Se puso la cuenta a cero, pues se dictó previamente una ley de amnistía para el régimen político anterior a la norma y, a partir de ahí, siempre se ha actuado conforme a la Constitución.

Una cosa es que el Gobierno, en contra del criterio de los tribunales, indulte a personas condenadas por delitos de sedición y malversación dentro del ejercicio de gracia que ostenta, pues es un derecho que está previsto por Ley, y otra cosa es la amnistía. La Constitución prohibió los indultos generales, es que ni se planteó la amnistía, porque supone reconocer que no eres un Estado de Derecho.

Si vamos a amnistiar los desórdenes públicos ocurridos durante el proceso independentista catalán, estamos reconociendo que toda la actuación de los poderes públicos de aquel momento -jueces, tribunales, policía- fracasó y todo ellos se volvieron antidemocráticos y dictadores, pues todo lo que hicieron estaba mal hecho y hay que borrarlo. Eso no puede aceptarse. El Estado de Derecho se defendió con las armas que el Derecho le proporcionó, no utilizó ningún recurso extraordinario y ello derivó en unas condenas. ¿Que se quiere indultar? Pues se analiza caso por caso, pero me parece lamentable que ahora se diga sí a la amnistía cuando no tiene cabida en un estado democrático. Si hay que actuar con mano más blanda, que se haga sólo a través del indulto.

-En todos estos años de trayectoria profesional, ¿de qué se siente tremendamente satisfecho y qué espina se le quedó clavada?

-Me siento tremendamente satisfecho del modo en que he desempeñado mi labor profesional. Tengo que decir que siempre lo he hecho con absoluta independencia. Incluso en casos muy conflictivos en los que se mezclaban intereses políticos o ideológicos, jamás he recibido intromisión alguna.

-¿Volvería a ser juez si diera marcha atrás en el tiempo?

-Con total seguridad, sí.