JUCIL critica la falta de medios contra el narcotráfico dos años después de la tragedia de Barbate

La asociación profesional JUCIL denuncia que, dos años después del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado considerablemente. La organización, que representa a más de 15.000 miembros del Instituto Armado, lamenta que los agentes sigan desarmados ante un narcotráfico cada vez más violento y organizado, mientras continúan trabajando sin los medios adecuados para hacer frente a las mafias del Estrecho.

JUCIL está personada como acusación popular en la causa judicial y representa los intereses de dos de los compañeros que iban en la embarcación arrollada por la narcolancha el 9 de febrero de 2024. La asociación exige que se depuren todas las responsabilidades y reclama las penas más duras para quienes cometieron el crimen. "No solo debe haber justicia, sino que tiene ser ejemplarizante para evitar que otras tragedias vuelvan a repetirse", señalan desde la organización profesional.

Representantes de la asociación acudirán esta tarde al homenaje organizado por la entidad Nuestro Corazón por Bandera en la localidad gaditana de Barbate, donde se cumple el segundo aniversario de los hechos que costaron la vida a dos miembros de la Benemérita. Desde JUCIL recalcan que "la muerte de nuestros compañeros no fue un hecho aislado ni imprevisible. Fue la consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de planificación y ausencia de medios marítimos y terrestres suficientes, una situación que ya había sido advertida reiteradamente por asociaciones profesionales y que, lamentablemente, sigue sin corregirse".

Carencias críticas en el servicio marítimo de la Guardia Civil

La asociación profesional denuncia que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil continúa gravemente infradotado, con embarcaciones insuficientes, averiadas o inadecuadas para hacer frente a narcolanchas cada vez más potentes y violentas. Esta realidad contrasta con la sofisticación creciente de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en el litoral andaluz.

A la falta de medios navales se suma la carencia de vehículos terrestres en condiciones adecuadas. Según JUCIL, numerosos coches patrulla acumulan más de 250.000 kilómetros, carecen de sistemas de seguridad anti empotramiento y no tienen capacidad real para intervenir con garantías en operaciones contra organizaciones criminales altamente especializadas y peligrosas.

Esta ausencia de recursos sitúa a los guardias civiles en una situación de riesgo permanente y desprotección, obligándolos a enfrentarse al narcotráfico en clara inferioridad de condiciones. A ello se añade, según la asociación, la falta de respaldo jurídico e institucional que agrava aún más la vulnerabilidad de los agentes en primera línea.

Las cifras oficiales confirman el agravamiento del problema

La última Memoria de la Fiscalía Antidroga confirma que el narcotráfico en Andalucía no solo persiste, sino que se expande y se vuelve más violento. Aunque las cifras oficiales reflejan un descenso de incautaciones de hachís, la propia fiscalía advierte que las estadísticas de aprehensiones no reflejan la cantidad real de droga que entra en el mercado español.

Según el análisis de la Fiscalía, los datos disponibles muestran, en muchos casos, la insuficiencia de actuaciones policiales por falta de medios materiales y humanos, más que una reducción efectiva del flujo de estupefacientes procedente del norte de África. Esta realidad se constata diariamente sobre el terreno en las provincias andaluzas del litoral.

JUCIL enumera evidencias concretas de este agravamiento: el uso cada vez más frecuente de narcolanchas a plena luz del día, como desafío abierto al Estado; el desplazamiento de las rutas del narcotráfico, que ya no se limitan al Estrecho sino que alcanzan ríos como el Guadalquivir y otras zonas del litoral atlántico y mediterráneo; y el aumento de la violencia, con presencia de armas de guerra, estructuras criminales internacionales y una criminalidad cada vez más agresiva contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El abandono institucional persiste tras el aniversario

Para JUCIL, el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate debería haber marcado un punto de inflexión en la política de seguridad frente al narcotráfico. Sin embargo, no se ha reforzado de forma real el servicio marítimo ni se han incrementado las plantillas de manera suficiente para cubrir las necesidades operativas del litoral andaluz.

Tampoco se ha dotado a los agentes de los medios necesarios para hacer frente con garantías a organizaciones criminales que invierten millones de euros en embarcaciones de alta velocidad, sistemas de comunicación cifrada y armamento de guerra. "No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros quede reducida a un aniversario y a palabras vacías. La mejor forma de honrar su memoria es actuar, reforzar medios y proteger a quienes hoy siguen en primera línea", señala la asociación.

JUCIL anuncia que continuará ejerciendo la acusación popular en los tribunales y exigiendo responsabilidades políticas y administrativas, porque considera que la lucha contra el narcotráfico no se gana con discursos ni estadísticas maquilladas, sino con medios materiales, planificación estratégica y respeto a la vida de los guardias civiles que arriesgan su integridad diariamente.

Reivindicaciones estructurales de la asociación profesional

De igual manera, la asociación profesional vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el Ocon-Sur, la unidad de élite especializada en la lucha contra el narcotráfico que fue desmantelada sin previo aviso y cuya desaparición dejó un vacío operativo en la zona del Estrecho.

Asimismo, JUCIL reclama la declaración de ZES (Zona de Especial Singularidad) para el Campo de Gibraltar y otras áreas del litoral andaluz especialmente afectadas por el crimen organizado. Esta figura permitiría desplegar recursos extraordinarios y condiciones laborales específicas para los agentes destinados en estas zonas de alta conflictividad.

La organización considera que estas medidas son imprescindibles para abordar con eficacia un problema que no es solo policial, sino que tiene profundas raíces sociales y económicas en determinadas comarcas andaluzas donde el narcotráfico se ha convertido en una economía paralela que desafía al Estado de Derecho.